Mario Sandoval, abogado del procesado David Páramo acudió al Ministerio de Gobernación para solicitar explicación del porqué las autoridades del Sistema de Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, no cumplen con la orden judicial de poner en libertad a su representado, quien tiene orden de libertad desde el 15 de marzo pasado, pero estos más bien lo expulsaron de las instalaciones.
“Me dijeron que ahí no era el lugar donde se resuelve el caso y me mandaron a sacar con los guardas de seguridad. Les dije que estaban violando mis derechos y los de mi representado, porque Gobernación debe hacer cumplir las leyes y sentencias a las autoridades del sistema penitenciario porque están subordinados a ellos, pero no escucharon”, relató el abogado Sandoval.
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La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua envió un suplicatorio esta semana a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que ponga en conocimiento del caso al Poder Ejecutivo y este haga ejecutar lo mandado por la sala penal revisando la situación legal del ciudadano David Páramo.
Páramo fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio y lesiones imprudentes, pero el mes pasado se le otorgó el beneficio de la suspensión de la pena y se ordenó su libertad.
Esta misma sala nombró juez ejecutor al privado de libertad para que buscara información sobre el porqué no lo han liberado, la semana pasada, pero el juez ni siquiera fue recibido por autoridades del penal, según su informe.
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El caso está pendiente de notificación de audiencia de apelación ya que días después de otorgar el beneficio al reo, el Ministerio Público como un abogado privado recurrieron de apelación contra dicha sentencia y piden la revoquen, porque no se cumplió con todos los requisitos.
Sin embargo, la juez Roxana Zapata, argumentó en su sentencia que el galeno cumplió con todos los requisitos que exige la ley penitenciaria y el Código Penal. Contrario a esta posición, Eduardo Mejía Bermúdez, abogado de Sandra González, mamá de la víctima Lizandra Jarquín, dice que hubo anomalías en el proceso por eso están apelando la resolución.
Entre las supuestas irregularidades están no haber notificado a la mamá de la víctima y falta de motivación de la sentencia pues carece de argumentos teóricos y jurisprudencia al respecto.