El obispo de la Diócesis de Jinotega y presidente de Cáritas de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, dijo que Gobernación ya fiscaliza las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, mientras pidió una ley justa al pronunciarse sobre una reciente propuesta del ejecutivo al Legislativo para aprobar una norma antilavado.
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“Lo importante es que sea una ley pareja, justa para todos, porque si estamos hablando que aquí hay corrupción, pues que esa ley se aplique a todos, que sea no solo para los privados, sino que sea también para las instituciones del Gobierno”, dijo vía telefónica Herrera.
El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, mandó el pasado 4 de abril dos nuevas iniciativas de ley relacionadas a las acciones del Estado en contra del lavado de activos, donde se incluye que las ONG deben rendir sus informes financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que además podrá intervenirlas cuando sospeche que sus actividades estén vinculadas con el lavado.
Control a organizaciones
El director ejecutivo del Ieepp, Félix Maradiaga, dijo que el gobierno de Ortega desde su llegada al poder, en 2007, ha tratado de controlar a las organizaciones de la sociedad civil para disminuirles su capacidad de acción.
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“No es nuevo que el ejecutivo intente hacer uso del argumento de la seguridad nacional para profundizar su control y acoso a ciertas organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Este es un intento más”, sostiene Maradiaga.
“No es intención aislada”
Maradiaga indicó que “en otro contexto, el principio de controles y monitoreo de las ONG no sería sospechoso, pero sucede que no es una intención aislada”.
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“Las organizaciones de la sociedad civil más serias de Nicaragua no le tienen ningún temor al tema de la transparencia. Somos organizaciones que al trabajar con fondos internacionales somos reiteradamente auditadas y con unos estándares de transparencia muy estrictos y te aseguro que son mucho más estrictos que la negligencia de la Contraloría General de la República, que no ha mostrado ningún interés en hacer auditorias a quienes sí deberían auditar y controlar”, añadió Maradiaga.
Control a las ONG
La enlace de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, consideró que el gobierno de Daniel Ortega, desde 2007, ha venido implementando de hecho un control a los organismos no gubernamentales.
Molina consideró peligroso el sesgo y la discrecionalidad con que el gobierno de Ortega implementa las leyes.