Organizaciones ambientalistas que integran el Grupo Cocibolca demandaron, la semana pasada, al Gobierno la investigación de las causas del incendio en la reserva ecológica Indio Maíz y que se castigue a los responsables, aunque basados en la experiencia los delitos ambientales quedan impunes, porque no hay voluntad de las instituciones de aplicar la ley afirman expertos en la materia.
“Nicaragua tiene un amplio marco legal en materia de medio ambiente, el problema es que hay falta de voluntad de parte de las autoridades para aplicarlas. Los depredadores de los recursos naturales quedan impunes. Por ejemplo, está prohibida la pesca con bomba y lo hacen, busquemos quienes han sido sancionados por esto, nadie”, dijo Rosario Sáenz, abogada especializada en delitos ambientales.
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Otro reflejo de la falta de prioridad para investigar, procesar y sancionar a los depredadores de recursos naturales son los 51 recursos de amparos que tiene pendiente de resolver la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde el 2002 al 2016, según documento de la Procuraduría General de la República (PGR).
Amparos contra el Marena
En estos casos hay amparos contra el Ministerio de Recursos Naturales (Marena) y contra el Instituto Nacional Forestal (Inafor), por imponer sanciones administrativas a quienes causan daño al ambiente con el aprovechamiento indebido de madera, cerros de arena, tala de bosque, quema entre otros casos.
El efecto del amparo es que el caso queda en suspenso, es decir el sancionado no paga la multa, ni sigue aprovechando el recurso natural, explicó Rubén Gutiérrez, abogado experto en temas ambientales.
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LA PRENSA solicitó información sobre delitos ambientales a la PGR, pero no respondieron a la solicitud.
51 recursos de amparo se encuentran pendientes de resolver en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2002 al 2016, según documentos de la PGR.