Reforma al INSS le costará 200 millones de dólares a los contribuyentes

El presidente de Cosep indicó que estas últimas reformas no han tocado aspectos estructurales como el subempleo, la baja productividad y la informalidad

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José Adán Aguerri, presidente del Cosep junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. LA PRENSA/ ARCHIVO

Mientras anunciaba que recurrirá de amparo contra la reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió que aunque solo en 2019 esta sacará del bolsillo de trabajadores y empleadores unos 7,500 millones de córdobas, que representan el 1.5 por ciento del PIB, esto no garantiza la sostenibilidad futura del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dijo que este paquete de reformas significará que dejen de circular en la economía unos 200 millones de dólares —que representan el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)—, convirtiendo esta medida en una de las mayores políticas fiscales desde 1990”, lo que “redundará en una desaceleración del consumo, una mayor informalidad y menor empleo”.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó que el incremento de 0.75 puntos porcentuales en el aporte de los trabajadores y de 3.5 puntos en el de las empresas —que se aplicará de forma gradual entre el 1 de julio de 2018 y el 1 de enero del 2020— permitirán cubrir el déficit de 7,500 millones de córdobas que se calcula alcanzaría el INSS en 2022 y crear una reserva que le garantizaría solvencia hasta 2025, aproximadamente.

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“El impacto del 2019 va a significar que nos van a sacar a las empresas y a los cotizantes y al mismo Estado 7,500 millones de córdobas. El déficit que se había estimado para el año 2019 es superior a los 3 mil millones de córdobas y se incrementaría año con año hasta llegar en 2022 a 7,500 millones de córdobas, y con estas medidas se van a sacar de la economía ingresos por encima (de ese monto) para cubrir los déficits de 2019, 2020, 2021 e incluso 2022”, detalló Aguerri.

Cosep y Funides coinciden en que esta es una reforma estrictamente recaudatoria que no garantizará la sostenibilidad del INSS en el largo plazo y que obligará a las autoridades a hacer nuevas “revisiones” que las empresas no estarían en capacidad de absorber.

Según Aguerri, “se espera que si no hay una caída de los ingresos durante estos años, estas medidas permitan cubrir probablemente hasta el 2025 si se tiene un manejo correcto”, ya que permitirían crear una reserva de unos 300 millones de dólares.

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“Pero dentro de cinco, seis o siete años vamos a volver a vivir lo mismo que vivimos en 2013 (con la reforma anterior)”, advirtió Aguerri, quien considera que las empresas del país no están en capacidad de absorber otra reforma similar a la actual, ya que al concluir la aplicación de la actual en 2020, el pasivo laboral de Nicaragua se elevará a 52.50 por ciento y se convertirá en el más alto de la región.

Funides, en tanto, expresó a través de un comunicado que esta reforma es “solamente un paliativo de corto plazo a un problema más de fondo, que lamentablemente no se quiso resolver” y que las “medidas propuestas por la resolución van en contra del crecimiento económico sostenido, por cuanto atenta contra la competitividad nacional, la formalización de la economía, el bienestar de los más pobres, la generación de empleos y la atracción de inversiones que tanto necesita el país”.

Aguerri rechaza señalamientos de titular del INSS

Aguerri también rechazó los señalamientos del director ejecutivo del INSS, Roberto López, quien al anunciar la reforma acusó a la organización empresarial de condicionar su apoyo a esta, a cambio de que se negociara conjuntamente con una reforma tributaria y de abandonar desde hace varios meses sus responsabilidades en el consejo directivo del INSS.

Según Aguerri, teniendo en cuenta que según sus cálculos para 2019 la reforma al INSS sacará de la economía 7,500 millones de córdobas, que equivalen al 1.5 por ciento del PIB, lo que hicieron fue pedir al Gobierno que les diera a conocer qué implica la reforma tributaria.

“Si a esto le tenemos que sumar lo que significaría para las mismas empresas que van a ser afectadas por estas decisiones de corto plazo por lo que va a implicar una reforma tributaria, pues lo correcto, y es lo que solicitábamos, es que nos dieran a conocer cuál es esa reforma tributaria que se está planteando y que tiene como objetivo sacar otro 1.2 por ciento (del PIB) de la economía”, explicó Aguerri.

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El dirigente empresarial añadió que la preocupación del sector es que “efectivamente si estamos hablando de casi 3 puntos porcentuales del PIB que van a estar siendo eliminados, reducidos de la actividad económica, esto se convierta en una situación donde las amenazas que implican son más desempleo, más informalidad, menos consumo, menos competitividad y que esto va a tener obviamente un impacto en el clima de negocios”.

Y aunque admiten que no tienen una “bola de cristal” para determinar las consecuencias que la reforma al INSS provocará en las empresas, Aguerri considera que amenaza la competitividad del país, promueve la informalidad, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que no podrán seguir contratando empleo formal y afectaciones para los trabajadores en general, congelamiento de los salarios y hasta despidos.

El Cosep también confirmó que por discrepancias generadas a partir de la reforma al INSS, aprobada en 2013 y otras surgidas posteriormente, la organización retiró hace unos dos años a su representante en el consejo directivo del INSS y de momento no contemplan nombrar a otro.

Amcham lamenta reforma

En tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), a través de un comunicado, lamentó y expresó su extrema preocupación por esta reforma.

“Estas resoluciones afectan directamente a los nicaragüenses que hoy gozan de los beneficios de un empleo formal, estimulan la informalidad y por ende tendrán efectos negativos en el desarrollo de Nicaragua. El sistema de Seguridad Social se ha venido construyendo por décadas y debe estar sustentado en los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos”, dice el documento.

Y añade que “el crecimiento y la atracción de inversiones son clave” y que “esta medida tiene un efecto directo en la competitividad, en las empresas que operan actualmente en el país y en las que se puedan interesar en invertir en el mediano y largo plazo”.

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“La sostenibilidad de una institución, tan importante como el INSS, es primordial para el crecimiento económico y social del país. Por lo tanto, esta debe de contar con procesos y planes a corto, mediano y largo plazo que se rijan por la institucionalidad, transparencia y eficiencia. Es fundamental que cualquier medida se enfoque en soluciones permanentes, apoyadas por los sectores económicos y productivos del país”, agrega el comunicado.

Retomar el diálogo

Aunque se espera que las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sean publicadas esta misma semana en el Diario Oficial La Gaceta, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) hizo un llamado al Gobierno para que retome el modelo de diálogo-consenso que caracterizó en los últimos años su relación con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Lo mismo hizo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que a través de un comunicado instó al Gobierno a “reconsiderar las medidas anunciadas por el INSS, para buscarle una solución integral al tema de la Seguridad Social en Nicaragua, retomando el consenso público-privado que le ha conseguido al país estabilidad económica y crecimiento en los últimos años”.

Agotarán vía legal

Mientras la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) pidieron ayer al Gobierno “reconsiderar” las reformas que se aprobaron para rescatar las finanzas del INSS y lo invitaron a retomar el modelo de diálogo-consenso que mantuvo en los últimos años con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dicha organización anunció que agotarán la vía legal del amparo. “Cuando uno cree en un principio y cree que está con la razón tiene que utilizar lo que está ahí; si hoy no funciona eso no significa que mañana no funcione, entonces lo que hay que asegurar es que se hagan las cosas, porque lo más fácil es no hacer nada”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

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