Las reformas al seguro social anunciadas este lunes por las autoridades del INSS, son apenas un parche a la profunda crisis que sufre esta institución, como lo reconoció su mismo director al decir que son para “darse un respiro” de cinco años.
Pero además se trata de una reforma canallesca, o sea ruin y despreciable. Solo así se puede calificar el aumento del monto de las cotizaciones de los trabajadores, que se reduzcan las ínfimas pensiones actuales y futuras y que se elimine el techo salarial para cotizar.
Además, como denuncian los gremios empresariales esta reforma decidida por el Gobierno de manera unilateral, tendrá consecuencias económicas muy negativas, no solo porque incrementa el aporte patronal sino porque dañará la competitividad y el clima de negocios, promoverá la informalidad y desalentará las inversiones.
La reforma orteguista no toca ninguna de las causas principales de la crisis financiera del INSS, que son la corrupción, la mala administración, los desmesurados e injustificables gastos administrativos, el pago de pensiones de índole política que deben estar a cargo del gobierno central, las inversiones irregulares de los fondos de la institución para favorecer intereses particulares, etc.
Las medidas dispuestas por el régimen orteguista solo podrían servir de algo si fueran acompañadas por las drásticas decisiones que se requieren, comenzando por cambiar la administración del INSS que seguramente es la peor de todas las que ha tenido el sistema de seguridad social en Nicaragua desde que se instituyó en el año de 1956, y despolitizar la institución que ha sido convertida en reducto y negocio partidista.
Hemos dicho —y lo sostenemos— que una solución auténtica e integral de la crisis del INSS solo se podría lograr con un gobierno democrático, honesto, responsable y eficiente. Como el gobierno de don Enrique Bolaños Geyer, de 2002-2007, que recibió el INSS casi al borde la quiebra y lo entregó a su sucesor con un considerable superávit, gracias a la honestidad, la capacidad y la eficiencia de quienes lo administraron en ese período.
Las cifras son conocidas pero es necesario repetirlas. La administración Bolaños entregó el INSS a Daniel Ortega con un superávit financiero de 1,183 millones de córdobas, sin embargo, a la altura del año pasado el régimen orteguista lo llevó a un déficit de 2,300 millones de córdobas. O sea que en diez años devoró más de 3,400 millones de córdobas de los fondos del INSS, dinero de los trabajadores y los empleadores cotizantes. Y esta enorme crisis financiera creada por la administración Ortega, solo se podría resolver con la aplicación de un paquete de profundos cambios estructurales, ante todo poner fin a la mala administración y la corrupción.
Cuando la revolución de los años ochenta, por motivos ideológicos el FSLN quiso liquidar la seguridad social, impuso el Sistema Nacional Único de Salud (SNUS) pero mantuvo las cotizaciones al INSS como un impuesto extraordinario para los trabajadores afiliados y los patronos. Habrá que ver ahora si la destrucción del Seguro Social que el sandinismo intentó sin éxito en los años ochenta, la podrá conseguir el actual régimen orteguista y si los ciudadanos —afiliados al INSS o no— se lo permiten.