Reformas del INSS violentan derechos de los asegurados y jubilados dice especialista en Derechos Humanos

"Esta medida es contraria al sistema de solidaridad que fundamenta la seguridad Social en Nicaragua", dice especialista

INSS, Nicaragua, jubilados, seguro social

Pese a la crisis financiera que enfrenta el INSS ha realizado inversiones dudosas LA PRENSA/J. FLORES

Con la reforma al reglamento de la ley de seguridad social el Gobierno pretende «una limpieza social» de las personas de la tercera edad, asegura la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien considera  que con esto el Gobierno incurre en exposición de personas al peligro.

«Prácticamente aquí lo que buscan es eliminar a los viejos. Están impulsando una limpieza social para eliminar de manera criminal sea por acción u omisión mandándolos a matar o dejar morir por falta de asistencia médica a un sector. Quieren una limpieza social con nosotros los de la tercera edad», sostuvo Núñez.

La defensora de derechos humanos expresó que esta situación es el resultado del saqueo al seguro social por parte de los allegados al Gobierno y el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, cometió abuso de poder pues no está facultado para emitir esa reforma, que de ser aprobada por el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, es inconstitucional.

Anunció la presidenta del Cenidh, que esa organización brindará acompañamiento a quienes decidan presentar recursos por inconstitucionalidad luego que la misma sea aprobada, pues  se debe dejar evidencias de estas violaciones a la Constitución Política de la República.

Mientras tanto, la presidenta del Cenidh dijo que los afectados deben presionar en las calles «para que Daniel Ortega se de cuenta que tiene un pueblo que lo rechaza».

REFORMA ES REGRESIVA

La reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social (INSS) «es regresiva desde la perspectiva de los Derechos Humanos», pues la seguridad social es un derecho humano fundamental con reconocimiento en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aseguró el especialista en derechos humanos Uriel Pineda.

El experto recordó que una de las características de los Derechos Humanos «es que estos son progresivos, es decir, que una vez que se logra el reconocimiento de una protección mínima, la protección futura de ese derecho debe ser ampliada, no restringida como está ocurriendo con estos cambios en el Reglamento del INSS».

Por otro lado, Pineda dijo que «gravar la pensión de los jubilados implica por una parte, reducir su poder adquisitivo y por otra parte, es un gravamen injusto».

A su vez, dijo el especialista, «esta medida es contraria al sistema de solidaridad que fundamenta la seguridad Social en Nicaragua, es decir que (el cotizante) en su juventud pagó para apoyar a los adultos mayores y ahora que le corresponde recibir su contraprestación, le deducen para mantener a futuras generaciones nuevamente».

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También recordó Pineda que los adultos mayores son considerados «un grupo en situación de vulnerabilidad», pues sus fuerzas y capacidades se ven disminuidas por el paso del tiempo, a lo que se suma que son más propensos a enfermedades y deterioro en general de la salud.

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, aseguró que las reformas revelan «una involución en materia de conquista de los derechos de seguridad social», pues lo que hacen es disminuir los beneficios a asegurados y jubilados.

«Están dándonos más carga económica a nosotros los cotizantes», aseguró Cuevas, quien señaló que «nosotros, los dueños del Seguro Social no somos los que hemos provocado la grave crisis que está enfrentando el seguro social y a nosotros nos están castigando como si fuéramos los que causamos dicha crisis».

Con esta reforma el Gobierno le vulnera los derechos a asegurados y jubilados, afirmó Cuevas.

Pineda recordó además que «es innegable que en el país existe una transición demográfica, en algunos años seremos una sociedad mayoritariamente envejecida como ocurre en Europa actualmente y eso desde la perspectiva del cálculo actuarial que sustenta el régimen de pensiones es inconveniente».

Por tanto, al afectar a un grupo en situación de vulnerabilidad como son los adultos mayores, «las medidas que se adopten deben ser sometidas a un test de proporcionalidad para no producir una discriminación por resultado», dijo Pineda.

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