Las autoridades de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) argumentaron que las organizaciones sin fines de lucro son fáciles de vulnerar por el narcotráfico y que por ello deberán ser supervisadas por la Unidad de Análisis Financiera (UAF). A la vez defendieron que se faculte a la UAF para cerrar cualquier negocio aún sin fallo judicial.
Uriel Cerna, director jurídico de la Siboif, y el director ejecutivo de la UAF, mayor general en retiro Denis Membreño, participaron este martes en la consulta en la Comisión Económica, sobre la iniciativa de la nueva Ley de la UAF, propuesta por el Gobierno, la cual respaldaron.
“Se ha visto en la práctica que el crimen organizado utiliza diferentes medios y se ha visto que han utilizado a este tipo de organizaciones (sin fines de lucro), de tal suerte que nadie puede estar al margen de una investigación cuando el crimen organizado está utilizando todos los medios posibles para lavar dinero”, dijo Cerna.
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Juristas y representantes de la sociedad civil han señalado de peligroso el sesgo y la discrecionalidad para actuar que se otorga a la UAF en la Ley propuesta por el Gobierno.
Cerna restó importancia a esas críticas diciendo que si bien las organizaciones sin fines de lucro ya están reguladas administrativamente por el Ministerio de Gobernación, también deben ser incorporadas como sujetos obligados a rendir sus informes financieros ante la UAF para un mayor control sobre el origen de los fondos que reciben.
Cerna y Membreño alegaron que en Nicaragua se necesita modernizar el marco jurídico para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero debido a que quienes se dedican a estos ilícitos han desarrollado sus técnicas ante las que las autoridades deben ser capaces de prevenir y actuar.
“El crimen organizado utiliza cantidad de medios y procedimientos para lavar dinero, incluso a través de cualquiera de nosotros podría hacerlo. Aquí hay una figura que en materia de lavado de dinero se llama el pitufeo, es decir, las operaciones de poco monto. Entonces ellos a través de pequeños agentes económicos, pequeños negocios, pequeñas operaciones comerciales las pueden aprovechar y es ahí donde se hace necesaria la investigación”, dijo Cerna.
Nuevo poder de la UAF
En la propuesta de la nueva Ley contra el lavado de activos se amplía el listado de sujetos obligados a estar supervisados por la UAF, a las organizaciones sin fines de lucro, los negocios de emisión de pagos, las casas de empeño y préstamo, así como las cooperativas que se dediquen a la intermediación financiera. Además a los profesionales, como los comerciantes de vehículos nuevos y usados, contadores públicos, los corredores de bienes raíces, los comerciantes de joyas y los proveedores de servicios fiduciarios.
Cerna y Membreño defendieron la facultad que tendrá la UAF para cerrar un negocio, aun cuando no haya un fallo judicial que sustente que el negocio está vinculado al lavado de dinero.
“Cuando hay de por medio evidencia razonable y demostrable de que hay un lavado de activos debe procederse al respecto”, respondió Cerna.
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Membreño no ve excesivo ese poder de la UAF porque para él “la manera de restarles poder a los delincuentes es haciendo instrumentos jurídicos legales sólidos que hagan frente a los delitos”.
Núñez: facultades de UAF violan Constitución
El presidente de la Comisión Económica, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, no aclaró si consultarán a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y otras cámaras privadas sobre los alcances de la nueva Ley de la UAF, previo al dictamen de la propuesta que estará listo este jueves. LA PRENSA no logró obtener una opinión del presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, sobre la propuesta del Gobierno.
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El exdiputado Eliseo Núñez reiteró que las facultades de la UAF para intervenir un negocio, incluido un banco, sin orden judicial, “viola la Constitución”, porque se “está judicializando la política” al permitir “la condena administrativa contra un negocio y organizaciones no gubernamentales de estar vinculados al lavado de dinero sin que estos tengan opción para defenderse”.
“Esta herramienta legal puede ser usada para atacar a las onegés que están en contra del régimen de Ortega y que están recibiendo apoyo de los Estados Unidos para ayudar a restablecer la vía democrática en Nicaragua”, opinó Núñez.