De manera unilateral y sin ninguna previa consulta con asalariados y pensionados, se incrementaron las cotizaciones al seguro social y se estableció un impuesto tácito del 5 por ciento a los pensionados. Solo el Cosep participó —aunque infructuosamente— en esas negociaciones. Al final la decisión del lunes 16 de abril, no fue consensuada. Cabe recordar que con la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del año 2013 y con la reforma fiscal del 2012, ni los asegurados ni los pensionados, ni los contribuyentes estuvieron debidamente representados en ese entonces. Ni lo estuvieron en la reciente negociación.
En el 2013 el Cosep negoció un acuerdo con el Gobierno, donde aceptó el aumento de 3 por ciento en la cuota patronal, lo que fue fácilmente absorbido por las grandes empresas, pero no por las micro, pequeñas y medianas empresas. Como resultado, el aumento de los costos laborales aumentó la informalidad. Por otro lado, se modificó a partir del 2013, la fórmula para el cálculo de las pensiones, afectándose a los nuevos y a los futuros pensionados a quienes se les cambiaron, y a muchos de ellos después de años de cotizaciones —es decir “en la mitad del partido”— las reglas del juego, sin haber tenido el derecho a participar en esa negociación. Hoy nuevamente se cambian las reglas del juego y se modifica nuevamente en perjuicio de los futuros pensionados, la fórmula para el cálculo de las pensiones. Hoy como en el 2013, tampoco se propone una reforma a fondo a la administración del seguro social. Hoy nuevamente, solo se aplican costosos parches de corto plazo. Como en economía no hay nada gratis, los errores y la corrupción de unos, los pagan otros. Una auditoría integral del INSS por una firma internacional de prestigio es necesaria.
Nadie lo discute: la crisis de la seguridad social en Nicaragua es profunda. Va incluso más allá de la crisis del INSS. Dada la prevalencia del sector informal, el número de asegurados solo representa cerca del 25 por ciento de la fuerza laboral del país. El 75 por ciento no es cubierto por la seguridad social. Ello representa un serio problema futuro, máxime que el mecanismo familiar tradicional de “seguridad social” donde los ancianos son sostenidos por los hijos, tiende a debilitarse. El número de hijos por familia se ha reducido. ¿Quién mantendrá a los futuros ancianos del sector informal actual, no cubiertos por el INSS, es decir a la mayor parte de la población laboral? Y aún para los afiliados al INSS: ¿tendrá esta entidad recursos para cuando se retiren? ¿Deberá Nicaragua comenzar a pensar en un seguro universal no contributivo? ¿Tendrá los recursos fiscales para hacerlo?
Por otro lado, como ha reiterado Adolfo Acevedo, si no se aumenta la reducida productividad promedio —única manera de aumentar sostenidamente el salario real— la base de contribución al INSS siempre será precaria. Una economía donde prevalece un sector informal de reducida productividad no puede sustentar un saludable sistema de seguridad social. La prevalencia de un mercado laboral informal tiene serias implicaciones para un sistema integral de seguridad social. Aumentar en 3.5 por ciento la cotización patronal, en 0.75 la de los trabajadores y en 4 por ciento al seguro facultativo, aumentará la informalidad. La informalidad es un problema estructural que no es de corto plazo, ni se resuelve aumentando los costos laborales, a como se ha hecho con las recientes medidas.
La crisis del INSS debe abordarse de manera integral. No se trata solo de resolver temporalmente el déficit del INSS. Debe utilizarse un enfoque estratégico de mediano y largo plazo. El problema y sus soluciones tienen implicancias que van más allá de una visión corto plazista, limitada a medidas recaudatorias. Naturalmente, que el equilibrio financiero es imprescindible. Más aún: no se trata solo de las finanzas del INSS. El necesario traslado de las pensiones de las víctimas de guerra y de las pensiones mínimas al Presupuesto de la República hará necesaria una reforma fiscal, que comience por eliminar las exenciones y exoneraciones que favorecen a los grupos de altos ingresos. Los recientes aumentos de las cotizaciones del INSS no vienen a resolver los problemas de fondo. Un diálogo participativo con todos los sectores resulta urgente.
El autor es doctor en Economía.