La Comisión de Justicia del Legislativo este miércoles dictaminó favorablemente la nueva Ley contra el lavado de dinero, propuesta por el Ejecutivo, sin que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y otras cámaras empresariales expusieran su posición sobre las nuevas medidas de regulación denunciadas como una amenaza contra los organismos no gubernamentales.
A los únicos que escucharon los diputados sobre la propuesta de Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas masivas fue a la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ejército, el Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda.
Al finalizar ayer la consulta, la presidenta de la Comisión y el jefe de la bancada oficialista, los sandinistas Auxiliadora Martínez y Edwin Castro, respectivamente, informaron que el dictamen fue firmado y lo presentarían ayer mismo en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. Castro dijo que la nueva Ley antilavado “pasará a plenario” la próxima semana para ser aprobada.
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El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, mandó el 4 de abril pasado a la Asamblea dos propuestas de leyes, la primera contra el lavado de activos y la segunda es la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las que una vez aprobadas van a reemplazar a las normas actuales.
La propuesta de Ley antilavado amplía el listado de actividades a ser supervisadas por la UAF a las organizaciones sin fines de lucro y a los negocios. Además se faculta a cerrar un negocio cuando se sospeche de estar relacionado con un ilícito, aún sin fallo judicial.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó vía mensaje de texto, que no asistió a la consulta porque “no hemos tenido tiempo suficiente para revisar el alcance de los dos proyectos. No es posible que en nuestro caso en menos de una semana pretendan que hayamos revisado lo que a ellos les tomó semanas, más aun sabiendo que la implicancia de los mismos es grande”.
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Urcuyo avala poder de la UAF
Juristas y representantes de la sociedad civil han cuestionado la discrecionalidad con la que se les permitirá actuar a la UAF y al resto de autoridades al advertir que las leyes podrían ser usadas con fines políticos. Las organizaciones sin fines de lucro ya están reguladas administrativamente por el Ministerio de Gobernación, ante el cual rinden informes sobre sus estados financieros.
Pero el superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, y el subdirector de la Policía, comisionado general Adolfo Marenco, dijeron al salir de la Comisión de Justicia que las oenegés, incluidas las de las iglesias, deben someterse a más vigilancia sobre el origen de sus fondos.
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“Hay miles de oenegés aquí en Nicaragua que no se sabe el origen de los fondos y de las transferencias que reciben y qué hacen con ellas”, aseguró Urcuyo.
Marenco dijo que la Ley antilavado “no va dirigida a ningún sector en particular”.