En los últimos días el tema de la importancia de la sociedad civil en Nicaragua ha regresado al debate público, porque algunas de ellas precisamente dieron la voz de alarma en la catástrofe ambiental de Indio Maíz y a través de medios tradicionales y redes sociales impulsaron una denuncia nacional e internacional sobre lo que ha sido calificada como la peor tragedia ambiental en el país.
El tema surgió coincidentemente con la cumbre de Lima donde el nuevo director de AID reiteró que su máxima prioridad es empoderar la participación libre, segura y genuina de la sociedad civil, sobre todo en países donde se ha deteriorado la democracia.
Enfatizó que muchos de sus miembros arriesgan su vida en la búsqueda de la transparencia y otros derechos y libertades fundamentales, y que los programas que impulsa esa organización es empoderar a la sociedad civil, restaurar el Estado de Derecho y reforzar los procesos electorales, expresando su preocupación por la pérdida de espacios a la sociedad civil en Nicaragua y ahora amenazadas con reformas a leyes económicas.
En nuestro país los organismos de sociedad civil han jugado a través de la historia un papel trascendental en los cambios económicos, sociales, ambientales o políticos del país y, por ende, en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El derecho de asociación que es la base del funcionamiento de los organismos de sociedad civil, está garantizado por el artículo 49 de nuestra Constitución, y se remonta desde la Libérrima de 1893.
Igualmente los respalda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, entre otros.
Al referirse a organismos de sociedad civil en Nicaragua no debemos encasillarnos como hacen algunos políticos trasnochados en aquellas que dentro del ámbito de políticas públicas defienden la democracia, combaten la corrupción, trabajan por la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho, sino que también las religiosas, ambientales, o sociales, y otras que incluso llegan donde ni el mismo gobierno lo hace para combatir la pobreza, y transformar la mentalidad de las personas.
Dentro del marco de fortalecimiento del Estado de Derecho, promueven y garantizan los derechos a la salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, trabajo digno, equidad económica y de género, igualmente defendiendo los derechos ciudadanos como la libertad, de movilización, de expresión, de protesta, y otros derechos y garantías.
Sociedad civil somos todos, porque de alguna manera estamos organizados en el barrio, en la iglesia, en la escuela, en los gremios, en las diferentes asociaciones o fundaciones, ya sean con personería o no y a partir de ello asumimos responsabilidades sociales, ya que el principal agente de cambio es la persona misma.
Gracias a los organismos de sociedad civil los nicaragüenses se han apropiado más de los derechos sociales, políticos, individuales o colectivos y conociendo las leyes podemos exigir el cumplimiento de las mismas no solo en la relación Estado-ciudadano, sino entre los mismos miembros de la sociedad.
Las últimas reformas constitucionales reiteraron que Nicaragua constituye un Estado democrático y social de derecho que promueve la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad social y los derechos humanos y sobre eso precisamente enfatiza el nuevo director de AID, cuando expresa el compromiso de su país con la promoción de los derechos humanos, la democracia y la reducción de la corrupción.
Pensar y promover lo contrario atenta contra la democracia.
El autor es periodista, abogado y docente universitario.