Actuaciones arbitrarias que concluyeron en asesinatos, denuncias de torturas durante las detenciones, así como los constantes señalamientos de corrupción, destacan entre las violaciones de derechos humanos registradas en 2017 en Nicaragua, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluida la intimidación, hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios independientes por parte del Gobierno, también son recogidos por el informe anual sobre derechos humanos.
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Igualmente menciona la masacre de seis personas ocurrida el 12 de noviembre en la comunidad San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, por parte de una unidad del Ejército, entre ellos dos menores, después de rastrearlos durante nueve días y la muerte de otras tres personas a manos de miembros del Batallón Ecológico, del Ejército de Nicaragua, en Siuna, el 18 de septiembre.
El informe destaca que durante este período hubo corrupción generalizada en instituciones del Estado como la Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, entre otros.
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Asimismo, el informe anual sobre derechos humanos expresa que el Gobierno continuó restringiendo que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil pudiesen recibir fondos. También resalta el aumento de la violencia social contra las mujeres y personas de la diversidad sexual.