En la recién pasada Octava Cumbre de Las Américas, celebrada en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril, fue aprobado, por unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno presentes, el Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
A esta cita, tan importante para la lucha contra la corrupción, Nicaragua no se hizo presente por decisión del presidente designado Daniel Ortega, quien prefirió quedarse en Managua para atender a dos altos representantes del chavismo y del gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro.
No obstante que el Estado de Nicaragua no suscribió el Compromiso de Lima, siendo que está considerado por Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina, después de Venezuela, conviene que se conozcan algunos de los puntos más importantes del Compromiso suscrito en Lima.
El documento comprende 57 puntos divididos en las siete secciones. No es posible, en los límites de este artículo, referirnos a todos los importantes acuerdos alcanzados. Sin embargo, vale la pena conocer y divulgar algunos de los más importantes. El documento se inicia destacando “que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio”.
Dado lo que sucede en nuestro país, son de suma importancia los dos primeros compromisos. Literalmente dicen: “1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 2. Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial”.
El compromiso subraya la importancia de la educación cívica y la necesidad de crear “una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida…” Asimismo, enfatiza la necesidad de promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres “como objetivo transversal de las políticas anticorrupción”.
Se establece la necesidad de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y de información financiera, así como promover códigos de conducta para los servidores públicos y para el sector privado.
El documento se pronuncia a favor de la participación efectiva de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicas, sector privado y ciudadanos en los mecanismos de prevención y denuncia de posibles actos de corrupción, así como consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior (buena recomendación para nuestras Contraloría y Fiscalía General de la República).
Nos parecen de suma importancia en nuestro medio los dos acuerdos siguientes: “1. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias. 2. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión”.
En relación con las campañas electorales que, en América Latina, han llevado a la cárcel a varios expresidentes, se adoptó el siguiente compromiso: “Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas”.
Finalmente, y también teniendo en cuenta nuestra mala experiencia en esta materia, es importante el compromiso siguiente: “Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación”.
No es difícil imaginar que un gobierno, como el que padecemos en Nicaragua, sea capaz de suscribir un compromiso como el de Lima. Eso quizás explica su ausencia.
El autor es jurista y catedrático.