Creo que todos estamos sorprendidos por la manera en que este país cambio por completo en el transcurso de estas dos últimas semanas. Hace solo algunas semanas atrás, todo parecía encaminarse hacia la continuidad del status vigente. Pero también estamos angustiados, y con el corazón en la mano, por la magnitud de la represión que se ha desatado, y por la manera en que, a pesar de esta, se ha extendido la reacción decidida de la población, en las diferentes ciudades y barrios.
Una protesta en un inicio limitada, que inicio por grupos de jóvenes autoconvocados, se convirtió en una expresión masiva de descontento nacional, en cuyo núcleo han estado los estudiantes universitarios.
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Me parece que existe consenso en la necesidad de una salida pacífica, que ponga fin a la espiral de represión y violencia. Sin embargo, también tengo la impresión de que ya no resulta viable una negociación que apunte a que las cosas vuelvan a los cauces “normales”, a los que nos acostumbramos durante la década pasada. Las aguas han desbordado con fuerza inusitada todos los cauces, y parece difícil que solo buscar una negociación sobre el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), signifique que todo retorne a como solía ser.
La actual crisis significa que el “modelo de gobernanza” que ha prevalecido hasta hace poco tiempo, ya no puede continuar. Ya no se trata solo del INSS, se trata de una reacción impresionante contra el abuso del poder, la total falta de transparencia y la discrecionalidad.
Esta explosión de personas participando en las protestas, a sabiendas del riesgo en que incurrían, implica que ya no se puede retornar al viejo modelo de gobernanza, en que el sistema político y el Estado han estado completamente cerrados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y para los distintos sectores de nuestra sociedad, y solo abrían espacios para las negociaciones entre grupos de poder.
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A partir de esta masiva y generalizada irrupción en la vida nacional, los distintos sectores de nuestra sociedad tendrán que ser reconocidos como interlocutores legítimos, rompiendo así con el monopolio exclusivo de la representación que se nos había impuesto, y sus diversos y multifacéticos intereses y puntos de vista tendrán que contar con espacios para ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos; sobre todo cuando se trate de adoptar decisiones fundamentales.
Sobre el tema del INSS, me permito solo aportar algunos puntos básicos:
Primero, me parece absolutamente indispensable que el INSS se transforme en una entidad administrada de manera autónoma, por representantes legítimos de los aportantes, concentrada estrictamente en el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos, técnicamente capaz, y absolutamente transparente, capaz de rendir cuentas de manera sistemática y detallada de la utilización de los recursos de los cotizantes.
Sin esto, jamás se logrará recuperar la confianza en esta entidad fundamental.
Segundo, el hecho de que el INSS a inicios de 2018 solo tuviese reservas liquidas para financiar sus déficits, a lo sumo, hasta el segundo semestre, obedece, en buena medida a que gran parte de su fondo de reserva se encuentra congelado en forma de préstamos para construcción de edificios y en participación accionaria en empresas. Estas inversiones, de escasa transparencia, congelaron gran parte de la cartera de inversiones del fondo de reserva del INSS en activos de difícil liquidación y produjeron una disminución radical de los ingresos por renta de la inversión.
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Resulta indispensable auditar la cartera de inversión del fondo de reserva del INSS, y presentar un informe público sobre el resultado de la misma y liquidar aquellos activos cuya adquisición no sea consistente con la naturaleza y objetivos del INSS, y aquellos cuyo rendimiento sea marcadamente inferior al de los títulos valores del Estado.
Liberar al INSS de responsabilidades que corresponden a la función de protección social del Estado le dará un respiro financiero, y a todos nos dará tiempo para debatir aspectos fundamentales.
Sin embargo, lo cierto es que los crecientes costos que traerán aparejados los procesos de envejecimiento y de transición epidemiológica, en términos de la necesidad de destinar crecientes recursos a solventar las necesidades de una subsistencia digna y de atención en salud de calidad, para el número de adultos mayores en rápida expansión, solo podrán ser enfrentados de la mejor manera, ya sea mediante el Presupuesto del Estado destinado a cumplir su función de Protección Social, o mediante el Seguro Social, si la base fiscal real sobre la cual descansan ambos sistemas a saber, el empleo de mayor productividad e ingresos, crecen a tasas mucho más adecuadas.
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Esto involucraría llevar a cabo un esfuerzo coordinado y sostenido de transformación estructural, que implique diversificar la economía y la canasta exportadora hacia actividades de mayor productividad que la promedio, de alta elasticidad ingreso de la demanda, tal que puedan expandirse simultáneamente la productividad y el empleo generado por las mismas, de alta densidad de encadenamientos y potencial de aprendizaje tecnológico, de manera que comience a generarse, en porcentajes cada vez mayores, empleo de mayor productividad e ingresos reales, con lo que el crecimiento de la productividad y el ingreso promedios, se acelerarían a tasas más adecuadas.
De lo contrario, si los ingresos no crecen a estas tasas más adecuadas, no quedará más remedio que ajustar hacia abajo, cada vez más drásticamente, a lo largo del tiempo las prestaciones, (aumentando cada vez más las tasas de contribución, la edad de jubilación y los años de cotización, y reduciendo, cada vez más, el monto de las pensiones actuales y futuras).
El autor es economista