Veinte exjefes de Estado y de Gobierno de las Américas y España, han demandado al secretario general de la OEA (Luis Almagro) que ponga en acción a este organismo hemisférico para apoyar el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua.
En su declaración fechada el 23 de abril, de la cual informó LA PRENSA ayer miércoles, los exjefes de Estado y Gobierno que forman parte de la Iniciativa Democrática de las Américas (Idea) demandan el cese de la represión orteguista y se solidarizan con las víctimas, exigen que se respete la libertad de manifestación, expresión y prensa y abogan por que se alcance la paz con justicia en los términos que lo han manifestado la Conferencia Episcopal de Nicaragua y otras instituciones políticas y civiles de la sociedad nicaragüense.
Los exmandatarios integrantes de Idea señalan que “la Carta Democrática Interamericana (de la OEA) fija, como elementos esenciales de la democracia, el respeto de los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres y justas, el régimen plural de partidos y la separación e independencia de poderes”.
En la puesta en práctica de esos principios de la Carta Democrática Interamericana, de la cual es parte el Estado de Nicaragua, radica la solución de la aguda crisis nacional y el reencauzamiento del país por la ruta de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. De modo que los exgobernantes de las Américas y España hacen lo correcto al pedir a la OEA que impulse “la adopción de medidas que, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz duradera”.
En esencia y con otras palabras, esto es lo mismo que reclama la sociedad nicaragüense encabezada por la heroica juventud y en particular por los estudiantes. Y esto es lo que se debe decidir en el diálogo nacional que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha aceptado mediar y testificar.
El diálogo no puede ser para oxigenar al régimen orteguista. El diálogo tiene que ser para trazar la ruta de la recuperación de la institucionalidad democrática, comenzando con la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la celebración de elecciones nacionales anticipadas, libres, competitivas y transparentes, con supervisión internacional.
La OEA podría actuar de manera paralela al diálogo nacional, pero con el mismo objetivo. Almagro tiene en sus manos un instrumento jurídico e institucional que podría ser idóneo para asumir la responsabilidad que le reclaman los exgobernantes de las Américas y España. Nos referimos al Memorándum de Entendimiento de la OEA con el Gobierno de Nicaragua, del 28 de febrero de 2017, en el cual convinieron “impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político electoral de la República de Nicaragua”, lo cual, ahora con mayor razón que antes, no puede ser para poner parches al sistema electoral y darle aliento a la dictadura orteguista.
Las reformas que debe conseguir la OEA, en consonancia con el diálogo nacional, solo pueden ser aceptables si son para adelantar las elecciones y que Ortega y Murillo salgan del poder de manera cívica y pacífica, en vez de salir como los Somoza.