En un intento por apaciguar el descontento popular originado por las reformas a la Seguridad Social, el mandatario nicaragüense ordenó al Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) revertir la inconstitucional y grosera medida; sin embargo, el presidente y su esposa deben entender que el problema no es solo el INSS, institución que recibieron en superávit y hoy está al borde de la quiebra.
Las reformas al INSS fueron únicamente el detonante, la gota que derramó el vaso e hizo estallar la ira del pueblo ante tanta represión y abuso de poder. Las protestas que, heroica y valientemente, comenzaron los jóvenes universitarios y han sido respaldadas masivamente por la población nicaragüense, como quedó demostrado este lunes 23 de abril, es por todas las marchas ciudadanas que en 11 años han sido reprimidas en violación al legítimo derecho constitucional de movilización y manifestación.
Es por haber entregado la soberanía nacional a una empresa extranjera que pretende despojar de sus tierras a miles de campesinos, es por la masacre de Las Jagüitas y La Cruz de Río Grande, donde vilmente fueron asesinados menores de edad, es por la corrupción despiadada que se ha institucionalizado ante la indiferencia de las instituciones que deben fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos, es por la repugnante impunidad mantenida al magistrado electoral Roberto Rivas, incluido por el Gobierno de Estados Unidos en una lista de corruptos y violadores de los derechos humanos de los nicaragüenses.
La protesta ciudadana es por los fraudes electorales que desde el 2008 descaradamente se vienen cometiendo en nuestro país, excluyendo contendores, manipulando los resultados, impidiendo la observación nacional e internacional calificada, la conformación partidaria de las estructuras electorales, la entrega sesgada a favor del partido de gobierno de la cédula de identidad.
La rebelión del pueblo es por el odioso culto a la personalidad expresado en carísimos megarrótulos, los chayopalos de costosa construcción y alto consumo de energía que a su vez son custodiados por una compañía de seguridad vinculada a la familia presidencial, es por la confusión Estado-partido, por el despilfarro de dinero en majestuosos arreglos florales por más mínimo que sea el acto oficial del Gobierno y ni hablar de las pomposas celebraciones del 19 de julio.
Es por la falta de independencia de los poderes del Estado, el irrespeto a la Constitución y las leyes, el monopolio de los medios de comunicación, la censura o asfixia económica a las radios y canales independientes, por el torpe manejo del incendio en la Reserva Indio Maíz.
La gente explotó porque ya no aguanta el acecho de la Policía Nacional de Tránsito que a diario se ensaña con los conductores, a quienes muchas veces sin motivo les impone multas salvajes simple y llanamente porque estas constituyen un medio de recaudación fiscal del Gobierno. La protesta es porque no soportan la forma arbitraria en que se llevan los carros y motos al Depósito Municipal, convertido en un gran campo de chatarra porque muchos de sus dueños no pueden pagar los exorbitantes costos que implica sacarlos. La resistencia civil es por la carestía de la vida y el desempleo.
Por estas y muchas otras razones, el pueblo se hartó y ha salido a las calles. El gigante dormido despertó para decir basta, no más dictadura, no más represión, no más corrupción, queremos paz, libertad y democracia verdadera.
Ahora que la Conferencia Episcopal ha aceptado mediar en un diálogo nacional, quienes se sienten a platicar deben tener claro que para el pueblo lo único que se puede negociar es el fin de la dictadura por renuncia de los opresores o elecciones libres anticipadas.
El autor es director ejecutivo de Hagamos Democracia.