Cifra de muertos en protestas contra Daniel Ortega aumenta cada día

Mientras las madres exigen justicia, la Fiscalía promete investigar y ANPDH presenta denuncia contra autores intelectuales de la represión

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Familiares de los asesinados por la Policía Nacional lloran en la protesta que se realizó en la rotonda Jean Paul Genie. LA PRENSA/CARLOS VALLE.

Tras varios días de haber callado los fusiles que reprimieron a miles de manifestantes en universidades y calles del país, no existe una lista oficial de las víctimas de la masacre del régimen de Daniel Ortega. Hasta ahora, las organizaciones de derechos humanos son las que han documentado los casos.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que esa organización registra 39 muertes solo en Managua; sin embargo, agregó que con la lista de fallecidos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) la cifra asciende a 63.

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No obstante, LA PRENSA ha verificado 31 muertos por la represión gubernamental, los cuales han sido confirmados por sus familiares.

Carmona anunció que facilitaría la información con que cuentan al cardenal Leopoldo Brenes e insistió en lo alarmante de esa información, sobre todo porque, dijo, en las morgues de los hospitales todavía hay ocho cuerpos sin retirar.

Madre acusa a la Policía de asesinar a su hijo

Rosa Amanda Cruz no tiene miedo de señalar a la Policía Nacional como la responsable del asesinato de su hijo Michael Humberto Cruz Sánchez, de 30 años, el pasado viernes 20 de abril, cuando él protestaba junto con otros estudiantes en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en contra de las reformas a la Seguridad Social impuestas por el gobierno orteguista, que luego fueron derogadas.

“Tiraron a matarle, le dispararon al pecho. Que deje de decir Rosario Murillo, esa p… de decir que mi hijo Michael era un delincuente, él era un joven trabajador, padre de familia”, relató Cruz a cientos de ciudadanos que la noche del miércoles pasado se manifestaron pacíficamente en el sector de la rotonda Jean Paul Genie.

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Las madres que perdieron a sus hijos durante la represión del régimen de Daniel Ortega exigen castigo para los asesinos, que consideran, son agentes policiales.
LA PRENSA/C. VALLE

Cruz denunció que su familia ha recibido amenazas por parte de oficiales de Policía para que deje de señalarlos como autores del crimen.

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“Están interviniendo los teléfonos (de su familia). Quisieron borrar evidencia (de cómo quedó) mi hijo, no respetaron que ya estaba muerto. Gracias a Dios no lo lograron. No tengo miedo. Nos han amenazado, pero no tengo miedo. Ya me quitaron todo, ya no pueden hacerme nada, (solo) matarme”, dijo Cruz.

Investigación “en familia”

En un comunicado emitido la tarde del jueves la Fiscalía asegura que investigará todas las muertes, lesiones y robos ocurridos en el contexto de la protesta.

La investigación estará a cargo de la titular de esa institución, Ana Julia Guido, quien se auxiliará de la investigación del Instituto de Medicina Legal (IML), del Instituto de Ciencias Forenses y de un equipo de investigadores. Esto significa que los policías estarían investigándose a sí mismos, pues el Instituto de Ciencias Forenses como los investigadores están supeditados a la Policía Nacional, encargada de ejecutar la represión.

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La fiscal auxiliar Inés Miranda se limitó a leer un comunicado a través del cual solicita a la población les apoye con la presentación de denuncias escritas en las sedes departamentales, municipales y distritales de acuerdo con el lugar donde sucedieron los hechos, así como elementos de prueba.

La Fiscalía refiere que una vez que concluya la investigación y determinen los responsables, esa institución procederá a acusar.

ANPDH denuncia ante Fiscalía a Ortega, Murillo y mandos policiales

Horas antes el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, introdujo ante esa institución una denuncia por los crímenes contra manifestantes perpetrados por fuerzas regulares y paramilitares del Gobierno.

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La denuncia fue presentada en contra del presidente y vicepresidenta designados por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada, Aminta Granera; el subdirector de esa institución, comisionado general, Francisco Díaz, y jefes de delegaciones policiales de Managua y del país, considerados autores intelectuales de los crímenes.

La denuncia de la ANPDH también incluye a los comisionados mayores Sergio Gutiérrez, Juan Valle Valle, Noel Cruz, Vladimir Cerda, Donald López, Félix Villarreal, Norman Castillo y Marlon Sevilla, todos de distritos policiales de Managua. Igualmente contra los jefes policiales de Masaya, Estelí, Matagalpa, León y Bluefields.

Leiva Sánchez solicitó en su denuncia que de previo esa institución solicite ante la Asamblea Nacional la suspensión de inmunidad de Ortega, Murillo y de Granera. La Fiscalía no se refirió a la denuncia de la ANPDH.

Madres marcharán

Las madres de los estudiantes y pobladores asesinados, golpeados y encarcelados por participar en las protestas que fueron reprimidas por la Policía y paramilitares se están organizando para marchar desde la rotonda Jean Paul Genie hasta las cárceles de El Chipote para exigir que entreguen a los detenidos en las protestas, porque aseguran que no han liberado a todos los jóvenes.

Por su parte, Carmona dijo que continuarán con el acompañamiento a los familiares de los jóvenes detenidos a fin de introducir recursos de amparo a su favor. Este jueves presentaron treinta recursos de amparo.

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Mientras tanto, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) condenó la represalia que sufrió el pueblo, exigió justicia y advirtió que el objetivo principal del diálogo que ha convocado el Gobierno debe ser restablecer la institucionalidad del país.

“Hay suficientes pruebas de quiénes son los asesinos y quiénes fueron los saqueadores de comercio. Aquí tiene que haber culpables al final y tienen que pagar esos culpables”, aseguró el presidente de Upanic, Michael Healy.

Sigue condena y repudio por muertes

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) acogió la iniciativa ciudadana de honrar la memoria de los caídos en las protestas, sumándose a los tres días de luto nacional. Además, demandó justicia para los muertos y desaparecidos; y respaldó la convocatoria de los obispos a la peregrinación por la paz que se realizará este sábado.

En un primer comunicado el Cosep confirmó que la bandera nacional se mantendrá a media asta en las empresas que quieran sumarse. Luego en otro expresó su indignación por las decenas de muertos y exigió castigo para los culpables. Además, exigió la liberación de los detenidos, que aparezcan los desaparecidos y que los heridos reciban la atención adecuada en los hospitales.

Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) expresó su “indignación y repudio por los muertos y desaparecidos durante las protestas” y exigió la depuración de la Policía Nacional para que los oficiales que actuaron correctamente puedan garantizar con legitimidad el orden público.

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Funides exige, además, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de entregar a los desaparecidos; que se realice a lo inmediato una investigación a fin de llevar a los responsables de los asesinatos ante la justicia; que la Policía Nacional en el papel que le corresponde no reprima manifestaciones pacíficas; igualmente, que impida que fuerzas de choque afines al Gobierno repriman a la población y que se asegure la integridad física de los jóvenes que protestaron y de sus familiares.

En tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) acogió también la iniciativa del luto nacional y la convocatoria de la Iglesia para la peregrinación de este sábado. Y dijo que las muertes que dejaron las protestas no queden impunes.

“Amcham rechaza la represión contra los estudiantes y el pueblo que ejerce su derecho fundamental a la protesta y libre movilización. Esperamos que hechos sangrientos que enlutan a las familias nicaragüenses no se repitan”, dice un comunicado emitido por la organización empresarial.

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