La investigación que anunció el Ministerio Público este jueves, para encontrar supuestamente a los responsables de los asesinatos, lesionados y robos ocurridos durante los primeros cinco días de protesta ciudadana contra las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), no es más que “la persecución política con apariencia de legalidad contra marchistas”.
“Estamos claros que la misma población ha denunciado con fotos y videos que quienes atacaron a los universitarios y población en protesta fue la Policía y miembros de la Juventud Sandinista que actuaban al amparo de estos. ¿Cómo esa misma policía va ha a investigar y ser testigo de los crímenes que cometieron?”, dijo Nelson Cortez, abogado penalista.
Fue notorio que los plantones cívicos de los estudiantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y armas de fuego por antimotines y fuerzas paramilitares del Gobierno, explicaron los abogados y pobladores, por esta razón no deberían participar en ninguna investigación. Además, la Fiscalía y la Policía obedecen al Gobierno.
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“Estamos claros que los acusados por estos crímenes será el pueblo y serán condenados para mandar un mensaje a la sociedad, para que vean que oponerse al régimen, los que se levantan, protestan tendrán su consecuencia. El proceso investigativo no debe provenir de una institución y de una persona que está sometida directamente a intereses políticos partidarios y personales con el presidente, por que no hay objetividad”, agregó Cortez.
“Que empiecen a investigar a los policías”
Para el penalista Róger Alvarado, “la actuación oficiosa por parte del Ministerio Público, es legalmente correcta. Pero dada las actuales circunstancias, es como poner a cuidar los huevos a un zorro. Definitivamente no hay confianza en dicha investigación, ya que sabemos de donde viene la señora Fiscal General (Ex Policía Nacional), al igual que otras autoridades dentro de esa institución”, dijo el abogado.
Alvarado agregó que si en realidad la Fiscalía, quisiera perseguir los diferentes delitos cometidos, tiene que empezar por las detenciones ilegales en concurso real con el delito de tortura.
“La comisión de esos delitos esta debidamente individualizada, pues sabemos que los sujetos activos son los jefes de policía que ordenaron estas detenciones. Además se conoce quienes son los otros delincuentes que las ejecutaron”, enfatizó el penalista, quien también fue fiscal de esa institución.
También se sabe quién es el Alcaide del Sistema Penitenciario Nacional, quien ordenó la tortura física y psicológica de los detenidos.
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“No son dueños de la acción penal”
Para Alvarado es importante recordar que el Ministerio Público no tiene el monopolio de la acción penal, la victima también puede hacerlo o su representante en caso de muerte, quienes pueden perfectamente nombrar un abogado quien puede intervenir en la etapa de investigación y hacer peticiones en la búsqueda de determinados elementos de pruebas y exigir que los mantengan informados de los avances de la investigación, e incluso puede ejercer directamente la acción penal si Fiscalía no lo hace.
Destruyeron pruebas
Para el abogado Nelson Cortez, la Fiscalía más allá de una investigación donde buscará entre los responsables a los manifestantes, para mandar un mensaje social de intimidación, lo que está haciendo es “un parapeto porque la mayoría de las víctimas mortales han sido entregadas sin dictamen médico legal, no les practicaron autopsia para saber la causa de la muerte, no hay periciales de balística, no hay trazología de la bala, dónde están los proyectiles extraídos. No quieran engañar a la población”, dijo Cortez.
“Esta es la segunda parte de la represión contra el pueblo la persecución judicial contra los marchistas”, insistió el abogado.