Más de 300 organizaciones nacionales, regionales e internacionales suscribieron una carta pública dirigida al presidente y vicepresidenta designado del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la cual condenan “la violenta represión” a las manifestaciones contra la ahora derogada reforma a la seguridad social. Estas organizaciones exigen Ortega y a Murillo el respeto al “legítimo derecho a la protesta”.
Al tiempo que los exhortan al cese inmediato de la represión ejercida por las fuerzas armadas, la Policía y los grupos paramilitares afines al régimen.
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“Las autoridades deben cumplir con su deber de garantizar el derecho a la protesta social de los y las nicaragüenses”, dicen estas organizaciones entre las que destacan Alianzatinoamericana y Caribeña de Juventudes a L, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, American Jewish World Service, Americas Program, Center for International Policy, Amigas en Consejos de Desarrollo, Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, Articulação de Mulheres Brasileiras, Asamblea Feminista de Madrid,Asistencia Legal por Derechos Humanos A.C., Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociación Bolivarianos Diversos, entre otros.
Los firmantes demandan la liberación de las personas detenidas en los distintos lugares del país, Se deben brindar garantías de no criminalización, diálogo nacional incluyente que priorice la interlocución y el diálogo con los diferentes sectores que se han manifestado, las víctimas, redes y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
Igualmente estas organizaciones demanda el respeto a la labor que realizan las personas y organizaciones defensores de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.
Y le recuerdan a Ortega y Murillo que desde el miércoles 18 de abril, organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua han documenta y denunciado múltiples violaciones al ejercicio del derecho a la protesta pacífica, incluyendo asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, uso de piedras, palos, balas de goma, gases lacrimógenos, amenazas, actos de intimidación y vulneración del derecho a la información, en el contexto de las manifestaciones convocadas en rechazo a la ahora derogada reforma de la Seguridad Social.
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“Según se ha podido comprobar, estas agresiones están siendo perpetradas tanto por fuerzas de seguridad del Estado, que reprimen a la población con uso excesivo de la fuerza, como por grupos civiles vinculados a la Juventud Sandinista que están actuando con total impunidad, complicidad y anuencia por parte de la Policía, provocando brotes de violencia que ya se han cobrado la vida de al menos 40 personas”, indican las organizaciones en la carta pública, en la que también expresan preocupación por las violaciones al derecho a la libertad de expresión “expresado en el robo de equipos de trabajo a periodistas, agresiones y actos de intimidación durante los actos represivos y el cierre de la trasmisión por servicio de cable digital de canales 100% Noticias, Canal 12 y Canal 23 que cubrían las protestas”.
Y le dicen a Ortega y a Murillo que estas agresiones vulneran los derechos de los nicaragüenses, pero que además no es un caso aislado, pues en los últimos tiempos se han documentado diferentes hechos que vulneran del derecho a la protesta social a través de la restricción del libre tránsito de las personas, campañas de criminalización, amenazas y hostigamiento contra organizaciones y defensoras o el cierre de espacios de comunicación, entre muchas otras acciones que atentan contra la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses.