Hay denuncias de familiares de jóvenes fallecidos durante las protestas de los últimos días sobre la manipulación de las actas extendidas por los médicos de los hospitales públicos donde fueron atendidos, que favorecen a la Policía Nacional al cambiar el tipo de arma causante de las heridas.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce, lo calificó como “acciones de ocultamiento”.
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Jessica Patricia Rivas e Ivania Zamora, madre y tía, respectivamente, de Jesner Josué Rivas, de 16 años, denunciaron ante el Cenidh que en el caso de la muerte del menor ellas observan varias anomalías presentadas, por lo que demandan justicia.
Denunciantes dicen que hay testigos
Ambas mujeres denunciaron que aunque existen testigos y cuentan con videos que prueban que el menor fue llevado al Hospital Manolo Morales, tras recibir un impacto de bala disparado por policías, en la constancia extendida por ese centro asistencial se señala que fue por arma blanca.
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“Otra cosa que me llama la atención es que cómo un doctor no va a saber si es herida por arma de fuego o herida por arma blanca. Mi pregunta fue: doctor ¿cómo va a ser posible que me le ponga por arma blanca, si fue por arma de fuego? Su contestación fue que él no es un médico forense para determinar cómo había sido”, expresó Zamora.
“Según ellos, lo intervinieron, ¿cómo no van a saber qué era?”, se preguntó Zamora.
Cuestionan actitud de médicos del Manolo Morales
Rivas, madre del adolescente, fue más allá en su denuncia al asegurar: “La Policía estaba con los médicos, ellos saben perfectamente lo que estaban haciendo, ¿por qué le pusieron eso?”.
Y al igual que otros casos denunciados, la familia del menor debió acudir primero a la Policía para firmar una carta de desistimiento de denuncia, para que les pudieran entregar el cuerpo de la víctima.
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Por su parte, Arce recordó que a esto se suma el condicionamiento de la entrega de los cuerpos de las víctimas a cambio de que las familias se comprometieran a no presentar denuncias, de esta manera no recurren al Instituto de Medicina Legal y renuncian al proceso judicial.
“Estas son las acciones de ocultamiento que está emprendiendo la Policía Nacional y el Gobierno de cara a ocultar todos los crímenes que han perpetrado frente a la población”, dijo Arce, quien manifestó que esa es “una acción absolutamente burda de la Policía que no tiene ninguna validez”.
El abogado del Cenidh aclaró que las familias de las víctimas no pueden renunciar al derecho legítimo de acceder a la justicia y a denunciar el crimen en relación con su familiar e invitó a las personas y familiares que han sido víctimas de la actuación policial y paramilitares, a denunciar lo ocurrido.
Llevar una hulera
Ambas mujeres expresaron que el pasado 22 de abril, al escuchar que un grupo de vándalos pretendía asaltar un supermercado en la entrada de Las Fuentes, tomó su tiradora y salió de la casa. El menor ya había estado involucrado en las protestas contra la derogada reforma a la Ley de Seguridad Social.
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“Todo el barrio se levantó para que no se metieran”, relató la madre de la víctima, quien conoció que desde que llegaron los policías comenzaron a disparar a todos los jóvenes que estaban apoyando.
Rivas criticó que los agentes no hayan disparado al aire, sino que lo hicieron “para darle a todos los jóvenes que estaban ahí”. El hijo de Rivas estaba llegando al lugar cuando un balazo le impactó casi a la altura del cuello en la parte izquierda.
Tras caer herido, el menor fue conducido de emergencia al Hospital Manolo Morales, donde la tía de la víctima observa lo que califica como otra “anomalía”: que primero les hayan llegado a decir que había resistido la operación y al poco tiempo les informaron que había fallecido desangrado.
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“Llegaron a decirnos que él fallece por falta de sangre, si ahí en el Manolo hay bancos de sangre, estaban dejando morir a todos los jóvenes que llegaban ahí (…), no sé por qué ellos andan participando en eso también, si el trabajo de ellos es salvar vidas, no es para dejar morir a todos los jóvenes que llegaban a la hora de las marchas”, cuestionó la madre del fallecido.
Y aunque ambas mujeres aseguran que el jueves les visitó una oficial para solicitarles que le proporcionaran información, pues la Policía realizará una investigación, ellas indicaron que desconfían de esto, porque son los mismos policías los que dispararon y actuaron en contra de los jóvenes.
Las denunciantes sostienen que en ese lugar, el pasado 22 de abril, hubo otros fallecidos por las balas disparadas por los policías; aunque no precisan cuántos pudieron haber muerto, mencionan el caso de un joven que de un disparo que le desbarató la mandíbula, este murió instantáneamente.
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El jueves la Fiscalía anunció que asume la investigación de estos hechos ocurridos durante la represión gubernamental, pero la madre y tía del menor fallecido que claman justicia demandan que el caso sea investigado por organizaciones internacionales.
Aparece procuradora
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Corina Centeno, quien pocas veces ha aparecido en público desde hace dos años que fue nombrada en ese cargo, anunció ayer que formará un comité de víctimas de las protestas registradas en los últimos días para exigir castigo y reparación “venga de donde venga”.
Centeno dijo que ya han recibido denuncias de las víctimas, pero no especificó sobre las mismas.
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“Ante estos hechos suscitados en días anteriores en nuestra patria, se hace saber al pueblo que hemos venido dando seguimiento, que hemos recibido muchas solicitudes de víctimas para que los representemos”, aseguró Centeno.
Además, expresó que ha rogado “a nuestro Señor Jesucristo para que se manifieste sobre nuestra patria para que retorne la paz, para que no haya más derramamiento de sangre de jóvenes, de gente inocente que pudo ser víctima cuando pasaba por ahí”.