Ante la presión popular, los múltiples comunicados de condena de la comunidad internacional y las peticiones públicas planteadas por la Conferencia Episcopal y otros grupos de presión incluyendo a antiguos aliados del régimen; los Ortega Murillo están mudando sus técnicas de represión, pasando de la represión masiva y generalizada a una represión selectiva o individualizada.
El régimen ha hecho menos ostensible en las calles la presencia policial y paramilitar, observándose en forma discreta pero fuerte, acompañada de sus agentes de civil, sus esbirros y sus múltiples orejas, mientras los organismos de seguridad están abocados al trabajo de oficina identificando en los videos y fotos y ordenando sus propios informes para elaborar la lista de quienes asumieron algún rol de liderazgo durante las protestas y de quienes los apoyaron o respaldaron.
La retirada policial de la calle no solo obedece a promover una falsa imagen de que hay disposición al diálogo, lo que es objetivo fundamental del Gobierno para desarmar la presión social, tampoco es un periodo de descanso para las fuerzas represivas, es un periodo de preparación, para definir los objetivos, para calendarizarlos y preparar los expedientes judiciales que entregarán al Ministerio Público.
Las Fiscalía anunció que ha abierto una investigación para determinar a los culpables de los asesinatos y de los daños a la propiedad pública y privada, y se dice que ya tiene en sus manos la mayor parte de los expedientes que la Seguridad Soberana (SS) le ha preparado, incluyendo declaraciones arrancadas mediante presiones e incluso torturas como se ha denunciado por algunos detenidos.
Maduro en retribución a las enseñanzas de Ortega ya le ha pasado el libreto que debe usarse como parte de la nueva represión, veremos iniciar masivos linchamientos judiciales ejemplificantes al estilo de la época soviética y de la peor época del castrismo, ya tenemos el primer ejemplo, no tardaron en arrancar, podemos consultar la página web del Poder Judicial el asunto número 007559-ORM4-2018-PN, iniciado contra jóvenes que su único delito fue resguardar un supermercado Palí.
La represión judicial orteguista llevará al máximo la mentalidad orwelliana del régimen, los inocentes serán los culpables, las víctimas serán los agresores y cuando se reclame en el dialogo, la respuesta será: ustedes pidieron justicia.
Los atentados selectivos que han venido preparando serán explicados como producto de pleitos entre pandillas, la delincuencia o el enfrentamiento entre grupos de derecha. Ya se conoce de la muerte de jóvenes cuyo único delito fue haber apoyado con alimentos y medicinas a los estudiantes de la Upoli, muchas familias han sido amenazadas y por temor no denuncian los hechos, lo que constituye un ejemplo de las nuevas prácticas represivas, mientras tanto, a los que de buena fe asistirán al diálogo se les tratará de hacer olvidar que hemos vivido una masacre por la práctica del terrorismo de Estado donde se tipifican verdaderos delitos contra el orden internacional: genocidio y delitos de lesa humanidad. E igualmente tratarán que las discusiones y los numerosos puntos que pretenden incorporar a la agenda, con largos discursos de sus grupos adláteres y socios, haga olvidar a los dialogantes, a las nuevas víctimas de una silenciosa y más refinada etapa de represión.
Para apoyar a nuestros obispos todos los ciudadanos debemos organizarnos y ser parte de la comisión de vigilancia y seguimiento del diálogo a fin de denunciar todo lo que se proponga en contra de la democracia, la libertad y la justicia; impulsando como principal objetivo que se devuelva al pueblo su derecho a elegir.
Por otro lado tenemos que recordar el Protocolo de Minnesota o Protocolo Modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias y otros crímenes de lesa humanidad que exige que los funcionarios del Estado sospechosos de estos horrendos delitos no pueden actuar o influir en la investigación, insistiendo en la necesidad de que se constituya una comisión investigadora internacional e independiente.
El autor es abogado.