Más de cien ONG nicaragüenses responsabilizan a jefes policiales por masacre

Más de cien ONG nicaragüenses responsabilizan a jefes policiales por masacre

El Gobierno no emitió ninguna información oficial sobre la renuncia que habría presentado desde el viernes 27 la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera.

01/05/2018

Familiares y amigos de Álvaro Conrado, quien murió de un disparo en el cuello durante las protestas contra el Gobierno le dan su última despedida. LA PRENSA/AFP

Los representantes de más de cien organizaciones de la sociedad civil demandaron este lunes la destitución de los principales mandos de la Policía Nacional. Estas organizaciones, al igual que otros sectores de la población, responsabilizan a la Policía y a grupos paramilitares de la masacre perpetrada entre el 18 y 22 de abril en diferentes puntos del país, con un saldo mortal que podría llegar a 63.

“Demandamos la destitución, la captura y el enjuiciamiento de la cadena de mando de la Policía Nacional por la masacre y haber sido cómplices de las fuerzas de choque progubernamentales, a quienes también exigimos la aplicación de la ley, proscribiéndolos por siempre de nuestro país”, destaca un pronunciamiento. Según los demandantes, la renuncia de los jefes policiales no será aceptada como mecanismo para evadir la justicia.


Los inolvidables de la masacre orteguista de abril


Entre las organizaciones firmantes están la Federación de Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez (Codeni), Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua (FONG), Red de Mujeres Contra la Violencia, Grupo Cocibolca, Red Local y Movimiento de Mujeres Segovianas, con presencia en todo el país.

Y entre sus demandas está que se conforme una verdadera comisión de la verdad creíble y que investigue las violaciones a derechos humanos y que sea integrada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y que soliciten la presencia de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Panamá, dijo Rosario Sáenz, directora ejecutiva de Fundenic SOS.

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Evelyn Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, aseguró que los crímenes no deben quedar en impunidad: “Los altos mandos, todos están implicados, todos son cómplices y todos son autores de la masacre (…) esto es algo que se tiene que investigar”.

Los mandos de la Policía actuaron y fueron cómplices de esta masacre de los jóvenes “y creemos que ya no son personas idóneas para ocupar estos cargos públicos”, afirmó Flores.

Siguen llegando denuncias

Y es que mientras Nicaragua vive una aparente calma, las familias de las víctimas de la represión continúan denunciando a la Policía como responsable, confirmó el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas.

Aunque la vicepresidenta designada Rosario Murillo calificó de “grupos minúsculos” a quienes protestaron, se ordenó a la Policía reprimirlos. LA PRENSA/C. VALLE

Aunque la vicepresidenta designada Rosario Murillo calificó de “grupos minúsculos” a quienes protestaron, se ordenó a la Policía reprimirlos. LA PRENSA/C. VALLE

Mientras el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, dirigió una solicitud escrita a la ministra de Salud, Sonia Castro, para que le permitan ingresar a las unidades de salud con el fin de verificar la existencia o no de lesionados o cuerpos de fallecidos durante las protestas.

Caso dantesco

Uno de los casos perpetrados de forma atroz y cuyos detalles se conocieron eset lunes fue cometido en Nueva Vida, Ciudad Sandino. La víctima fue el joven Carlos Flores Ríos, de 19 años. El pasado 22 de abril, lo asesinaron a machetazos y con signos evidentes de tortura.

“Es un cuadro dantesco” , dijo Cuevas, quien señaló que la madre clama justicia y acusa a la Policía de Ciudad Sandino de no haber actuado en defensa de su hijo. Según la denuncia presentada ante la CPDH, las manos de la víctima estaban “prácticamente desprendidas, le cortaron los genitales y la cabeza”.

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Esto ocurrió según su madre, quien prefirió no identificarse ante los periodistas, cuando el joven fue a respaldar a los buseros de la ruta 113, para evitar saqueos por parte de los pandilleros y paramilitares.

De acuerdo con la denunciante, una vecina le comentó que cuando los vándalos retuvieron al joven cerca estaban dos policías antimotines y aunque ella les pidió auxilio, estos se negaron a ayudarlo porque alegaron que estaban en desventaja en cuanto a número con respecto a los agresores.

También los oficiales se negaron a llevar a la víctima a un hospital.

El presidente designado Daniel Ortega, junto a la jefa de la Policía Aminta Granera. LA PRENSA/ ARCHIVO

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La Policía se presentó después donde la familia para que firmara un papel en el que se establece que no llevaron al cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) y realizaron todas las investigaciones periciales porque la familia desistió de las mismas.

“Estamos hablando de un delito gravísimo, estamos hablando que se vulneró el bien superior protegido por el Estado que es la vida, y la Policía no podía sustraerse de hacer los actos investigativos”, cuestionó Cuevas, quien apuntó que la única manera que la Policía podía deslindar esa situación es que la familia se hubiera opuesto realmente a que llevara el cuerpo al IML.

¿Quién es el sucesor?

El Gobierno no emitió ninguna información oficial sobre la renuncia que habría presentado desde el viernes 27 la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera.

Entre fuentes de la Policía o cercanas a esa institución, se mencionan varios nombres para sustituir a Granera, entre ellos el viceministro de Gobernación Róger Ramírez, exjefe de la Policía de Managua en la época de la masacre de Las Jagüitas.

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Sin embargo, según las fuentes, en el consejo departamental de Granada, por ejemplo, les comunicaron que quien reemplaza a Granera será el comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente y vicepresidenta designados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.

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