Cuando Álvaro Conrado —un menor de 15 años— llegó con una herida de bala en el cuello al hospital Cruz Azul, en Managua, el 20 de abril a eso de las 12:30 del mediodía, ahí le negaron atención médica, según relataron sus padres.
El adolescente fue trasladado al Hospital Bautista, pero a eso de las dos de la tarde murió en el quirófano, relataron los padres de Conrado a la Revista Domingo. Para los especialistas en temas de salud esto fue un hecho “condenable” y “un acto criminal”.
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La especialista en salud pública Ana Quirós señaló que el hospital Cruz Azul, que es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), debe responder por la muerte de Conrado. Ya que es deber de todo médico o institución de salud atender a quien lo necesite sin importar si tiene o no identificación, y si cotiza o no al Seguro Social.
“En primer lugar, se está violentando el derecho a la vida. En segundo lugar, el personal de salud y las instituciones de salud cuando llega un herido están en la obligación de atenderlo y no tienen que pedir cédula, ni pedir absolutamente nada, tienen que atenderlo y una vez que pasa el riesgo (de muerte) vemos sus derechos”, dijo Quirós.
La Ley 423, Ley General de Salud, en el artículo ocho numeral 15, establece que es derecho de los usuarios “recibir en cualquier establecimiento de salud público o privado, atención médica-quirúrgica de emergencias cuando la necesite mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud”.
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Por su parte, la exministra de Salud Martha McCoy condenó la negativa del hospital Cruz Azul a brindarle atención médica a Conrado, ya que eso significó negarle el derecho a la vida a una persona.
“Es un hecho condenable porque el servicio de salud no se le puede negar a ninguna persona, mucho menos a una persona que se estaba desangrando, un niño que se estaba desangrando… Este niño nos ha conmovido tanto al pueblo de Nicaragua, porque solo estaba pasando agua a los otros muchachos que estaban protestando y desgraciadamente tuvo que pagar con su vida”, dijo McCoy.
Fiscalía cita a padres de niño asesinado
Mientras tanto, Lizeth Dávila y Álvaro Conrado, madre y padre del adolescente asesinado el 20 de abril en las protestas contra las reformas al INSS, afirman que fueron visitados por el Ministerio Público, pero aseguran que no creen en esa investigación porque es realizada por los mismos que dieron órdenes de matar a los universitarios y ahí estaba su hijo Álvaro Conrado.
“Por lo menos yo no creo en ellos, en la investigación que vayan a hacer si son ellos mismos los que lo asesinaron”, dijo la madre durante la misa de nueve días que la comunidad ignaciana del Instituto Loyola realizó este lunes a su hijo.
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Mientras Conrado dijo que habló con las fiscales que llegaron a visitarlo, aunque no precisó el nombre de ellas, quienes lo citaron para este miércoles a las 9:00 de la mañana.
“Yo les dije que quiero justicia, que paguen quienes dieron la orden de disparar balas de pólvora contra los estudiantes”, dijo el papá mientras recibía ofrendas de los compañeros de clase de su hijo asesinado.
Cambian las actas de defunción
Otra denuncia de negligencia médica que trascendió es la que hicieron los familiares de Nesken Velázquez, quien murió en el Hospital Lenín Fonseca el pasado 22 de abril. A ellos les hicieron firmar un documento donde se comprometen a desistir de realizar denuncia.
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Ante este procedimiento, la salubrista Ana Quirós dijo: “Eso es criminal, realmente yo sé que la calle está dura, pero no puede ser tan dura para que yo asesine, para que yo sea cómplice y cambie los dictámenes médicos, las causas de muerte”.