Los crímenes perpetrados en todo el país contra manifestantes entre el 18 y 22 de abril, por parte de fuerzas regulares y paramilitares, son crímenes de lesa humanidad, explica el especialista de derechos humanos Uriel Pineda.
Las protestas que en Nicaragua iniciaron por los reclamos contra las ahora derogadas reformas a la Ley de Seguridad Social dejaron 34 asesinatos, según lo verificado hasta ahora por LA PRENSA, y hasta 63 de acuerdo con los diferentes listados de las organizaciones de derechos humanos existentes en el país.
Según el análisis de Pineda, estos crímenes se circunscriben en delitos de lesa humanidad, pues las muertes ocurrieron como consecuencia de la represión como política de Estado.
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Y el propósito de esa política de Estado se explica en que existe un interés de disuadir, obstaculizar e impedir la manifestación. Y esto se apreció claramente el 18 de abril, cuando los asistentes a un plantón en las inmediaciones de Camino de Oriente fueron reprimidos por paramilitares en presencia de la Policía Nacional, que no actuó para proteger a los manifestantes.
“Estamos ante la presencia de un crimen de lesa humanidad en el entendido que el Estado tiene una política para evitar la protesta social y como consecuencia de esa política se debió este resultado de muertos, heridos, torturas y desaparecidos”, explicó Pineda.
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Recordó que en el amplio listado investigado por las tres organizaciones de derechos humanos del país, además de los asesinatos, se han reportado personas desaparecidas, así como manifestantes que han sufrido mutilaciones.
Mencionó el caso de al menos nueve personas que han perdido un ojo, igualmente hay detenciones ilegales, pues persisten denuncias de familiares que afirman que sus parientes fueron detenidos y nunca los presentaron ante autoridad judicial. A esto le añadió otro elemento como es la ocurrencia de casos de tortura y malos tratos, ya sea durante las capturas o mientras permanecían bajo arresto.
Abandonados a su suerte
El pasado 23 de abril, cuando los jóvenes detenidos en La Modelo fueron dejados abandonados en la carretera, denunciaron a las organizaciones de derechos humanos que cuando ingresaron a la cárcel los funcionarios los sometieron a maltrato físico y psicológico.
Todos los delitos descritos desde los asesinatos hasta las detenciones ilegales y desapariciones, explicó Pineda, “dentro de los elementos de contexto que es la política de Estado hacen configurar un crimen de lesa humanidad”.
El experto aclaró por qué estos crímenes no pueden calificarse de ejecuciones arbitrarias. “No estamos hablando de una ejecución extrajudicial, porque la ejecución extrajudicial es privar de la vida a alguien sin que necesariamente forme parte de una política de Estado, (pero) aquí hay una política de Estado”, sostuvo el especialista en derechos humanos, quien aclaró que no puede considerarse genocidio como muchos aseguran, pues este delito está más vinculado con la intención de eliminar o mermar una población y el considera que “ la intención de Ortega no ha sido eliminar al pueblo de Nicaragua, pero sí reprimir la protesta”.
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Es de señalar que el delito de lesa humanidad no prescribe. Sin embargo, existe un problema que se convierte en desventaja para las víctimas y es el hecho que el Estado de Nicaragua se ha negado a suscribir el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal internacional, que es conocido así porque se adoptó en esa ciudad el 17 de julio de 1998.
“Al no tener esa protección y tener una configuración legal en Nicaragua deficiente, tenemos la desaparición, la tortura, pero no tenemos lesa humanidad desde la perspectiva del derecho internacional, lo que hay en Nicaragua es un vacío legal importante y una desprotección de las personas ante instancias internacionales por la comisión de este tipo de graves violaciones a derechos humanos”, expresó Pineda.
Comisiones deben ser creíbles y tener capacidad
En cuanto a los mecanismos necesarios para investigar estos crímenes, Pineda considera que lo que ha propuesto el Gobierno se ajusta a lo establecido internacionalmente, pero carecen de credibilidad.
Por ejemplo, señala que la Comisión de la Verdad aprobada por la Asamblea Nacional tenga credibilidad, debe crearse una ley para ello, elegir a las personas que cuenten con credibilidad, trayectoria profesional y aceptación de las víctimas. Además debe tener un presupuesto para la investigación.
Además de dotarles de facultades que les permita exigir la colaboración de las autoridades, esta comisión debe contar con el presupuesto necesario para poder emprender una investigación, señala Pineda. Y debe estar integrada por personas confiables, pues “si el Gobierno es el que reprime, el Gobierno no es el indicado para investigar”.
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Igualmente, considera Pineda que la investigación anunciada la semana pasada por parte de la Fiscalía, a cargo de la titular Ana Julia Guido, con apoyo del Instituto de Criminalística Forense y de investigadores de la Policía Nacional, no tendrá credibilidad. Esto porque, dijo el especialista, en reiteradas ocasiones esa institución ha demostrado parcialidad hacia los intereses del Gobierno.
“Lo sano, lo recomendable, lo aconsejable en este sentido es que se nombre a alguien que no forme parte de la actual Fiscalía, que sea un fiscal especial. Alguien nombrado por la Fiscalía para investigar eso, pero que no forme parte de la actual Fiscalía”, sugirió.
Pineda estima que el solo hecho que el Gobierno ha empezado a proponer comisiones de investigación, le hacen concluir “que el Estado tiene un reconocimiento tácito de la violación grave de derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad que cometieron”.
Igual pasa con PPDH
El viernes pasado la procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Corina Centeno, anunció la creación de una comisión de reparación de las víctimas.
Uriel Pineda también está de acuerdo en su formación. Sin embargo, objeta que “si lo va a hacer la Procuraduría en las condiciones que ha venido haciendo su trabajo, no es un mecanismo creíble”.
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Para que sea creíble esta comisión, dijo, debe estar integrada además de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, también por las organizaciones de derechos humanos que han estado documentando los casos de víctimas reportados en las últimas semanas.
En dos años que Centeno lleva de haber sido nombrada, muy poco se ha conocido de su trabajo.