Familiares de víctimas de masacre buscan justicia y denuncian asedio del FSLN

Según Juan Carlos Arce, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien acompañó a los padres, "las denuncias son, en su mayoría, contra la Policía Nacional"

Momentos en que interponen denuncia familiares de Juan Carlos López Martínez y de Ángel Gahona en el Ministerio Público. LAPRENSA/J. Garay

Ante el luto que viven las familias de las víctimas que dejó la represión gubernamental contra las protestas de abril pasado, les toca en algunos casos enfrentar amenazas y en otras las visitas de los emisarios del Gobierno que intentan disuadirles para que no denuncien. Este miércoles varios de ellos presentaron denuncia ante el Ministerio Público.

Rosa Cruz, madre de Michael Cruz, muerto en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), denunció que hasta su vivienda han llegado miembros del Frente Sandinista y les dicen que son enviados por el Gobierno proponiéndoles un encuentro “con un ministro para que ya se cierre el caso”.

A esto se agrega que durante el sepelio llegaron los motorizados a atemorizarles y todavía el martes les llegaron a disparar morteros frente a la vivienda, ubicada en Waspán Sur.
“Han llegado y nos han amenazado (…), yo no estoy acostumbrada a esta corrupción, desgraciadamente, porque es una corrupción, en el sepelio de mi hijo ni siquiera hubo un respeto hacia él, porque llegaron atemorizando los motorizados por ambas calles y personas (se pusieron) a gritar muchos insultos”, relató la madre del joven asesinado.

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“Andaban con rabia, odio”, refirió Cruz, quien comentó que el día del velorio familiares y amigos tuvieron que encerrarse, tirarse al suelo y apagar las luces. Y “como andaban sedientos de hambre de odio a las dos cuadras mataron a otra persona”, denunció Cruz, quien demandó “justicia”.

Cruz dijo que cuentan con mucha evidencia que “los policías fueron los que mataron a mi hijo con un AK-47”, que estaba desarmado, “su única arma era el idealismo y el amor para esta patria y que se acabe la corrupción”.

Jessica Patricia Rivas, madre de Jesner Josué Rivas, expresó desconfianza en las investigaciones, pues sostuvo que fue la Policía la que le quitó la vida a su hijo de 16 años, en la entrada de Las Fuentes. Y menciona que el jefe de Tránsito de Managua, comisionado mayor Juan Valle Valle, habría ordenado disparar contra las personas que se aglomeraron en el lugar para impedir el saqueo de un supermercado en ese lugar el pasado 22 de abril.

Entre los denunciantes Katerine Álvarez, esposa de Erick Andrés Cubillo Solís, también se sumó a quienes responsabilizan a la Policía Nacional de la muerte de su pariente. Solís murió como consecuencia de tres disparos recibidos a la altura del pecho, que le provocó una hemorragia pulmonar.

Esto ocurrió el 20 de abril, cuando se dirigía a su trabajo, después de haber acudido a una consulta en un hospital capitalino. Y cuando pretendía hacer un cambio de ruta para dirigirse al plantel de Enatrel central, ubicado en la entrada de Ciudad Sandino, la víctima se encontró con la persecución violenta contra los manifestantes en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana de Managua. “Lamentablemente él no pudo pasar a la catedral, a él le disparan injustamente (…); para mí fue la Policía que le quitó la vida a mi esposo”, dijo Álvarez.

Álvaro Conrado, padre de Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, quien apoyaba pasándole agua a los estudiantes universitarios en protesta, dijo que espera que la Fiscalía “haga un buen trabajo y que al final se diga quiénes fueron los culpables”. Y advirtió que el tipo de arma con el que le dispararon a su hijo “no es un arma normal, por la forma que entró, por la forma que se le metió al cuerpo”.

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Sobre las protestas que hace la población contra el Hospital Cruz Azul, el padre de Conrado indicó que sería bueno que aclaren, porque “mi hijo hubiera tenido un poco más de esperanza de vida si ellos lo hubieran estabilizado, es una lástima que existan personas que le nieguen la ayuda a alguien que está herido y más un niño y simplemente no lo dejaron entrar”.

María Graciela Martínez también presentó denuncia en la Fiscalía por el crimen contra su hermano Juan Carlos López Martínez; aseguró que el martes llegaron funcionarios de la Procuraduría Para la Defensa de Derechos Humanos (PPDH), pero rechazó la ayuda de representarles que le ofrecían.

“Nosotros como familia no queremos saber nada de parte del Gobierno, porque ellos son los autores intelectuales de la muerte (…) en esta vil masacre que se ha hecho”, sostuvo Martínez, quien señaló a la Policía, guardas de seguridad de la Alcaldía y el mercadito de Ciudad Sandino de reprimir a los manifestantes.

A excepción de Conrado, los denunciantes que acudieron ayer a la Fiscalía tenían acompañamiento de los abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Uno de los abogados Juan Carlos Arce indicó que la Fiscalía los está citando a los familiares para presentar denuncia y piden que presenten medios probatorios, cuando “no le corresponde a las víctimas estar presentando los medios probatorios”.

Rechazan exhumación

Familiares de los universitarios Orlando Pérez y Franco Valdivia, asesinados el pasado 20 de abril en el parque central de Estelí, se opusieron a la exhumación.

Francis Valdivia, hermana de Franco Alexander Valdivia Machado, informó que la Fiscalía supuestamente tiene en su poder la orden judicial para sacar los cuerpos de los dos jóvenes universitarios para una revisión forense; sin embargo, Valdivia sostuvo que están en contra de que el Ministerio Público y la Policía sigan haciendo las investigaciones solos, porque son los involucrados como “juez y parte”.

“No vamos a permitir que se realice esa exhumación hasta que se conforme una comisión independiente para realizar las investigaciones y condenar y sancionar a las personas que asesinaron a mi hermano”, expresó.

LA PRENSA intentó obtener declaraciones del fiscal departamental de Estelí, Roberto Gaitán, pero a pesar de prometer que hablaría, luego dijo que no podía recibir a los periodistas.

Familiares de las dos víctimas instalaron en una de las paredes —y sobre la imagen de Daniel Ortega subido en un caballo— del parqueo frontal de la Alcaldía de Estelí imágenes de Orlando Pérez Corrales y Franco Valdivia Machado. Pese a una fuerte discusión previa, trabajadores de la municipalidad no impidieron que las madres y familiares colocaran los banners, banderas y coronas de flores en el sitio.

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Socorro Corrales les dijo a los trabajadores de la Alcaldía que desde ese edificio salieron los balazos que mataron a su hijo y a Franco Valdivia. “Yo era sandinista y me mataron a mi hijo (…), yo obligué a mi hijo a que fuera a votar (por este alcalde)”, les gritaba Corrales.

 

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