Ahorro privado de pensión, ¿una opción inviable para salvar la Seguridad Social en Nicaragua?

Mientras se retoma la discusión sobre la Seguridad Social una de las opciones que debe contemplarse es el sistema privado de pensiones

El Seguro Social recortó las medicinas y el monto de las pensiones de vejez. LA PRENSA/ARCHIVO

Mientras el país espera ansioso la reinstalación de la mesa encargada de discutir una reforma al sistema de Seguridad Social que garantice su continuidad, algunos especialistas consideran que una de las opciones que debe contemplarse es el sistema privado de pensiones, conocido también como régimen de cuenta individual.

Quienes apoyan esta opción consideran que si se evitan los errores cometidos en otros países, se aprueba una Ley acorde a la realidad local y se impide que terceros administren los ahorros de los cotizantes, el sistema privado de pensiones podría convertirse en una de las opciones más viables para garantizar la subsistencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entidad que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), de no impulsar cambios, en 2019 podría enfrentar problemas para cumplir sus obligaciones financieras.

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No obstante, otros especialistas aseguran que aunque este sistema es el más justo —porque al llegar al retiro el cotizante recupera todo lo que ahorró durante la vida laboral—, el millonario déficit actuarial que por décadas ha arrastrado el INSS no permite instaurarlo en el país.

En Nicaragua ya se han hecho intentos por transitar a ese modelo y abandonar el actual, basado en el sistema conocido como de reparto solidario, que se basa en que los trabajadores activos de hoy pagan las pensiones en curso y en el futuro otros pagarán sus jubilaciones.

En el 2000, durante la administración liberal de Arnoldo Alemán, se consideró este sistema como una de las opciones para evitar que el INSS cayera en una crisis financiera como la que enfrenta actualmente. Ese año se aprobó la Ley 340, Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones y al año siguiente se aprobó la Ley 388, Ley Orgánica de las Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, en 2005 tras años de presiones bajo la administración de Enrique Bolaños se derogaron ambas leyes.

Daniel Ortega, desde su cargo de secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, era uno de sus principales críticos. Acusaba a Bolaños de someter al país de manera “ciega y servil” a un “fracasado experimento” impuesto por los organismos financieros internacionales.

Pero durante la reforma al Seguro Social aprobada en 2013, una de las propuestas del gobernante Frente Sandinista fue crear un segundo estrato de ahorro individual para pensiones, a través del Sistema Financiero Nacional.

Su funcionamiento

¿En qué consiste el sistema privado de pensión? “Son aportaciones privadas a planes de ahorro a largo plazo, que normalmente no se pueden retirar hasta la jubilación. Pueden ser voluntarias, en cuyo caso suelen recibir alguna forma de bonificación fiscal, pero también forzosos, mediante deducciones obligatorias de los salarios que cada persona puede elegir cómo y dónde invertir. Normalmente el trabajador puede elegir tanto la gestora, la administradora del fondo, como el tipo de fondo, más o menos arriesgado, según la edad y la renta del trabajador”, explica Fernando Fernández, profesor del IE Business School de España.

Fernández añade que hay dos diferencias fundamentales entre los sistemas privados de pensiones y los públicos: la diferencia fundamental es doble. Los individuos reciben de pensión lo que han ahorrado a lo largo de su vida. No son sistemas de reparto solidario, sino de ahorro responsable. Y dos, no hay una pensión determinada a priori, sino que el importe de la jubilación depende de la rentabilidad del fondo, de la evolución de los mercados financieros.

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“Técnicamente se dice que con los fondos de pensiones el riesgo de mercado lo corre el ahorrador, el trabajador, pero no corre riesgos demográficos ni políticos. El dinero es suyo porque lo ha ahorrado. Pero como no garantizan una solidaridad mínima, muchos países los complementan con un mínimo garantizado por el presupuesto del Estado, que actúa así como seguro para los más pobres”, dice Fernández.

Y aunque en Nicaragua ya una vez se descartó esta opción, en Reino Unido y Holanda estos sistemas han tenido mucho éxito y continuidad. “Y en Latinoamérica el caso más típico es Chile, donde creo han sido un éxito, aunque ha habido que revisar algunas características concretas y complementarlos con una renta mínima”, señala Fernández y añade que también han servido “para desarrollar una fuerte base inversora nacional, los llamados inversores institucionales, lo que permite el desarrollo y crecimiento de las empresas privadas nacionales sin recurrir al endeudamiento externo”.

No obstante, Fernández admite que los riesgos que conllevan es la ausencia de solidaridad interna y sobre todo que no garantizan una pensión, sino que esta depende de la evolución de la rentabilidad en los mercados financieros. “Por eso, insisto, se suelen complementar con un mínimo garantizado y con una regulación proteccionista sobre el tipo de activos en que pueden invertir”.

Solo lo buscan cuando sistemas públicos quiebran

Otro problema que identifica Fernández es que en los países emergentes solo se recurre a dicho sistema cuando el esquema público de pensión ha quebrado porque hace muy difícil la transición, ya que los sistemas públicos pagan las pensiones con los aportes de los afiliados actuales y no han acumulado un fondo para invertir.

“Al crear fondos privados, los trabajadores dejan de pagar las pensiones públicas de los jubilados, porque su ahorro se constituye en un fondo para su propia pensión futura. Y ¿quién paga a los jubilados actuales si el sistema está quebrado o el sector público hace un importante esfuerzo presupuestario adicional?”.

En ello coincide el especialista en Seguridad Social, José Dolores Gómez, quien considera que este es uno de los sistemas de pensiones más justo para los cotizantes, pero que su intento de establecerlo en el país fracasó porque sus impulsores ignoraron el millonario déficit actuarial que arrastraba del INSS.

“Y el Presupuesto General de la República no iba a tener capacidad para subsanar ese déficit que surge de que los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte son utilizados para cubrir otros programas y también por la mala administración, eso nunca ha permitido que el INSS tenga los ahorros suficientes para garantizar a cada cotizante su cuenta individual para hacer la transición al sistema privado de pensiones”, explica Gómez y añade que Chile y otros países que han adoptado este sistema han subsanado los déficit a través de los presupuestos estatales, situación que en Nicaragua no estaría en capacidad de hacer.

Además, los bajos salarios que se devengan en el país limitarían la capacidad de ahorro de los trabajadores.

Transitar al sistema y adecuarlo a la realidad

Mientras Gómez asegura que en las actuales condiciones del INSS sería “misión imposible” transitar hacia un sistema privado de pensiones, el exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo, considera que transitar hacia ese sistema es posible.

Para ello, sugiere aprobar una Ley acorde a la realidad del país, en lugar de copiar la de Chile, como se hizo en el 2000, y asegurarse de que el INSS continúe administrando los aportes de los trabajadores, en lugar de propiciar que terceros asuman dicha actividad para “enriquecerse”.

“Lo que pasa es que hay que saber cuál es el momento adecuado para hacer el cambio. En aquella ocasión no se hicieron las proyecciones adecuadas y lo que se llamó el certificado de traspaso, que era el monto ahorrado por cada asegurado hasta el momento del cambio y ese monto se trataba de una forma muy generosa porque se actualizaba al momento de entregarlo al cotizante que se jubilara. Entonces se volvía una carga inmensamente pesada para el país”, explica Murillo.

La ventaja de este sistema, según Murillo, es que el cotizante al momento de jubilarse recupera todo el dinero que ahorró, incluso si fallece, ya que este ahorro se puede heredar, algo que no puede hacerse con el sistema actual.

“El problema fue que la forma en la que se calculó la pensión no fue la adecuada y el porcentaje del salario que se ahorraba era muy bajo. Siempre dije que había que ahorrar un 18 por ciento del salario, pero el proyecto solo contemplaba un ahorro del 10 por ciento”, expone Murillo.

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Para Murillo, hacer los cálculos adecuados a partir de la base de datos de los afiliados activos a la fecha y de los últimos tres años junto con la base de datos de todos los pensionados de los últimos tres años permitiría determinar qué porcentaje del salario tendrían que ahorrar los trabajadores para recibir una pensión atractiva. Además, la transición tendría que hacerse de forma escalonada por grupos de edad de los cotizantes, hasta lograr en un período determinado completar la transición. No obstante, los especialistas coinciden en que de momento lo primordial es definir las acciones de corto plazo que garanticen que el INSS salga de la crisis. Una vez que esta haya sido superada, se deben tomar decisiones de mediano y largo plazo que garanticen la continuidad del INSS, entre las que podría contemplarse el traslado hacia un sistema privado de pensiones, dice Murillo.

Misión imposible

Para el especialista en Seguridad Social, José Dolores Gómez, en las actuales condiciones de déficit actuarial que enfrenta el INSS sería misión imposible migrar hacia un sistema privado de pensiones.

“No podés garantizar nada a ningún contribuyente porque los déficits operativos que tiene el INSS han sangrado los ahorros que están en una cuenta que se llama reservas técnicas y han sangrado las inversiones que son las que compensan las reservas técnicas… Entonces para mí queda claro que seguir hablando de un régimen de administración de fondos de pensiones es porque no se conoce bien ese sistema”, sostiene Gómez y añade que un sistema mixto, como empezó en Chile, tampoco es viable.

INSS puede administrar

Propiciar el ingreso de terceros como administradores de los fondos de pensión fue, para el exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo, otro error que se cometió en el 2000, cuando se intentó migrar del actual sistema estatal de pensiones hacia un sistema privado. “Si se meten otras manos, lo que va a ocurrir es que otros se van a enriquecer, como ha ocurrido con las clínicas médicas previsionales. Pero el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) perfectamente puede administrar estas cuentas individuales con las mismas bases de datos y las ganancias que vayan generando sin necesidad de dar entrada a terceros”, asegura Murillo.

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