Represalia y venganza política orteguista: así califican las familias de cinco jóvenes detenidos durante las protestas, las acciones judiciales que contra ellos impulsa la Fiscalía y la Policía al servicio del régimen, quienes acusan a los detenidos de haber asesinado a un joven durante las protestas, pese a los testimonios de decenas de pobladores que señalan a motorizados que actúan como paramilitares como los responsables del crimen.
Los acusados Fernando José Ortega Alonso, Michael Enrique Peña Gutiérrez y Rommel Fabián Guillén aseguraron a los medios de comunicación que ellos fueron capturados cerca de las instalaciones de la Policía del Distrito Cuatro de Managua, y no cerca de donde ocurrió el crimen de Roberto Carlos García Paladino, de 40 años, la madrugada del 23 de abril de 2018, en el barrio El Paraisito.
Los jóvenes aseguraron que conocían a la víctima desde que ellos eran pequeños e insistieron que no han matado a nadie y son inocentes de las acusaciones.
Por su parte, las abogadas Vilma Ampié y Yonarqui Martínez —defensoras del adolescente de iniciales K.A.M., de 17 años, y Michael Peña, respectivamente— denunciaron que a estos dos jóvenes, sujetos de la Juventud Sandinista los rociaron con gasolina y los amenazaron con quemarlos al ser capturados cuando protegían un supermercado Pali de personas que querían saquearlo.
Tantos los jóvenes acusados como sus abogados rechazaron las pruebas que presentó la Fiscalía y aseguraron que en juicio, con los testigos que presenten, refutarán la falsa acusación que les están imputando donde figura como principal testigo un policía que asegura haber visto todo el movimiento de los jóvenes durante las protestas.
El juez Abelardo Alvir Ramos, sobrino de la magistrada Alba Luz Ramos presidenta la Corte Suprema de Justicia y de la línea dura del orteguismo, mandó a un Juzgado de Adolescente a K.A.M., mientras que a Juan José López Oporta, Michael Enrique Peña Gutiérrez, Fernando José Ortega Alonso y a Rommel Fabián Guillén, los remitió a juicio y los dejó en prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía, pese a la debilidad y lo inverosímil del relato del testigo policía.
Los abogados cuestionan que la policía no es un testigo idóneo porque se les acusa con abundancia de pruebas, de haber reprimido a los protestantes y de haber no solo permitido, sino ayudado, a grupos paramilitares en motos y miembros de la Juventud Sandinista acusados de disparar y reprimir a la población durante las jornadas de protesta de abril.
El caso de estos jóvenes es el primero de una serie de investigaciones que “de oficio” inició el Ministerio Público, dirigido por la exjefa policial sandinista Ana Julia Guido, en torno a los hechos de represión gubernamental y partidaria que dejaron decenas de asesinatos, de los cuales 41 ya han sido confirmados por LA PRENSA mientras otras organizaciones estiman entre 44 y 63.