La mayoría independentista del Parlamento catalán aprobó este viernes una reforma legal para poder investir como presidente regional a su líder Carles Puigdemont estando en el extranjero, aunque su movimiento terminará muy probablemente anulado por la justicia española.
Los diputados aprobaron por 70 votos a favor y 64 en contra una modificación de la ley de presidencia presentada por el grupo de Puigdemont, Juntos por Cataluña, que permite investir un candidato sin estar presente en la cámara y gobernar a distancia. El ejecutivo central de Mariano Rajoy ya anunció que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional para que sea suspendida.
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“Ni esta ley será vigente, ni Puigdemont será presidente”, advirtió Inés Arrimadas, la líder del partido de centroderecha Ciudadanos, el más votado en los últimos comicios. Desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre, esta región nororiental se encuentra sin gobierno y controlada desde Madrid a pesar de que los independentistas disponen de mayoría absoluta en el parlamento tras las elecciones de diciembre.
Sin embargo, sus diferentes intentos para investir a un presidente fueron bloqueados por la justicia ante la ausencia de sus candidatos –Puigdemont en el extranjero y los otros dos en prisión preventiva–.
Constitución de un gobierno
El gobierno español, la oposición en Cataluña e incluso numerosos aliados independentistas piden la constitución de un gobierno cuanto antes, pero Puigdemont y Juntos por Cataluña no lanzan la toalla y quieren devolverlo a la presidencia de la que fue cesado por Madrid.
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“¿Quién manda en Cataluña: la soberanía popular y la representación parlamentaria o el señor Mariano Rajoy?”, se indignó su diputado Albert Batet defendiendo la reforma legal en la cámara.
Una nueva presidencia de Puigdemont se antoja imposible dado que el Tribunal Constitucional suspendió a finales de abril su candidatura y advirtió a los responsables parlamentarios que deben impedir su elección.
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El sábado, el expresidente catalán reúne a sus diputados en Berlín, donde está pendiente de su proceso de extradición a España. Se espera que en este encuentro informe si designa a un sucesor o si mantiene su candidatura. Si el 22 de mayo no se ha formado un nuevo gobierno, la región deberá celebrar unas nuevas elecciones.