Cenidh eleva a 45 la cifra de muertos en las protestas en Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura en su último informe que hubo más de 400 lesionados y gravísimas violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales, torturas y desapariciones

Presidenta del Cenidh, Vilma Núñez. LA PRENSA/E. ROMERO

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) elevó este viernes a 45  la cifra de víctimas de la represión gubernamental y los ataques de policías y fuerzas paramilitares contra estudiantes y pobladores en las jornadas de protesta de abril pasado.

Wendy Flores, abogada del organismo de derechos humanos, leyó parte del reporte que indica, además, más de 400 lesionados, así como una serie de gravísimas violaciones a los derechos humanos con detenciones ilegales, torturas, desapariciones y secuestros, censura a medios de comunicación y agresión física y daños a periodistas que cubrían las acciones, incluyendo el asesinato sin esclarecer del periodista de Bluefields, Ángel Gahona.

Del total de víctimas cuatro son menores de 18 años, 24 jóvenes estudiantes y 18 pobladores con diferentes perfiles ocupacionales, dos agentes policiales y un periodista.
El Cenidh señala que «todas estas muertes se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal. La mayoría de las víctimas presentaba impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen por lo que podemos afirmar que fueron ejecutados, valiéndose las autoridades y las fuerzas de choque de una clara ventaja respecto de los medios  de que disponían los manifestantes, esto evidencia que la orden era matar».
El Cenidh denuncia que ha conocido de parte de familiares de víctimas que coinciden en señalar que a cambio de entregarles el cuerpo de sus parientes fallecidos, los obligaban a firmar una carta dictada por agentes policiales en la unidad policial en la que desistían en realizar una denuncia, investigación y no remitir el cadáver al Instituto de Medicina Legal para su valoración

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El informe, realizado entre el 19 de abril y el 3 de mayo, documenta con testimonios, videos e imágenes, el papel represivo de la Policía Nacional junto a fuerzas paramilitares organizadas, financiadas y dirigidas por el gobierno bajo protección estatal. «Son una cadena de violaciones a todos los derechos humanos reflejados en este informe», dijo Flores en el evento al cual los medios de comunicación oficialistas no asistieron.

Vilma Núñez, directora del Cenidh, comentó que el informe establece un análisis jurídico sobre la responsabilidad de los acontecimientos y la cantidad de víctimas, que apunta principalmente a Daniel Ortega como presidente y jefe supremo de la Policía, y Rosario Murillo, vicepresidenta, ambos designados ilegítimamente por el Poder Electoral en los comicios irregulares de 2016.


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De acuerdo a Núñez, en segundo lugar la responsabilidad de las muertes y daños es toda la cadena de mando de la Policía Nacional, como responsables directos de la masacre por el uso desmedido de la fuerza, por las capturas y torturas y por el apadrinamiento a las fuerzas paramilitares.

La directora del Cenidh dijo que la explosión social de abril tuvo su detonante en las inconsultas reformas al INSS, que esquilmaban el 5 por ciento de las pensiones a los jubilados, y aumentaba el costo de las cotizaciones y contribuciones a los trabajadores y a los empleadores privados.

Antes de ese detonante, una serie de abusos y malos manejos el poder habían creado una caldo de inconformidad: primero con las intenciones de crear una ley de control a las redes sociales para evitar las acusaciones de corrupción y abusos de poder, luego surgió la indolencia del gobierno ante la quema de la reserva biológica Indio Maíz y las primeras represiones policiales a las protestas que exigían mayores acciones al gobierno.

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Luego surgió lo del INSS y el detonante de esta crisis fue la represión policial y de la Juventud Sandinista y las fuerzas paramilitares en motos a los jóvenes, dijo Núñez, quien demandó una comisión de la verdad ajena al orteguismo en el poder con participación de organizaciones de derechos humanos internacionales.

A la fecha, el gobierno no ha reconocido una cifra oficial de muertes y el único que ha fijado una cifra fue Jacinto Suárez, secretario internacional del FSLN quien limitó la cantidad de víctimas en 32, incluyendo tres policías, once civiles y dieciocho estudiantes.

 

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