El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, instó al gobierno del designado presidente Daniel Ortega a permitir la entrada inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la situación de derechos humanos en la nación centroamericana.
“Instamos al Gobierno de Nicaragua a que permita la entrada inmediata de la @CIDH para que evalúe la situación de los derechos humanos en #Nicaragua”, sostuvo Palmieri desde su cuenta de Twitter.
Los inolvidables de la masacre orteguista de abril
Mientras, la CIDH, a través de su cuenta en Twitter, publicó que Nicaragua se ha cerrado al escrutinio internacional en materia de derechos humanos desde hace años y que el pasado “1 de mayo nos negó nuevamente su anuencia para conducir una visita al país. Reiteramos nuestra solicitud”, insistió ese organismo defensor de los derechos humanos.
En ese mismo sentido se pronunció un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, asegurando que el Gobierno de Estados Unidos se sumó a la demanda internacional para que la CIDH realice investigaciones “inmediatas” sobre la masacre contra manifestantes que protestan contra el gobierno de Ortega.
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El viernes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) elevó a 45 la cifra de víctimas mortales y más de 400 heridos, producto de la represión gubernamental y los ataques de policías y fuerzas paramilitares contra estudiantes y pobladores en las jornadas de protesta desde abril pasado.
A los abusos se suman detenciones ilegales, torturas, desapariciones y secuestros, censura a medios de comunicación y agresión física y daños a periodistas que cubrían las acciones, incluyendo el asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields.
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La Casa Blanca dijo —a través de un funcionario que solicitó anonimato— que existe preocupación sobre la violencia desatada en Nicaragua, una inquietud que no solo es de Estados Unidos, sino también de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Aseguró que hay esfuerzos sobre el tema por parte de México, Argentina y otros países de la región. “No somos los únicos preocupados por lo que está sucediendo en Nicaragua con la represión”.
“Ustedes han visto el interés de la CIDH para realizar una investigación. A través de la ONU, la OEA y de otras fuentes queremos asegurar que la CIDH tenga la oportunidad para investigar la situación actual en Nicaragua. La violencia ha sido vista ante el ojo público, es importante establecer responsabilidad por la violencia ocurrida”, afirmó el funcionario.
Sanciones
En torno a las medidas que podría adoptar Estados Unidos contra el Gobierno de Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción, con leyes como la Global Magnitsky o la aprobación de la Nica Act —actualmente en el Senado, en espera de su discusión—, el funcionario dijo que la Casa Blanca esperará la respuesta del Gobierno de Nicaragua ante el diálogo.
De ser aprobada la Nica Act, Estados Unidos vetaría los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos financieros internacionales que, según expertos, repercutiría negativamente en la economía del país.
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“El impacto económico negativo es el resultado de diez años de mala gestión y corrupción y no solo en eventos recientes. Abordamos esta corrupción con la designación de Roberto Rivas (presidente del Consejo Supremo Electoral) por corrupción. La Ley Global Magnitsky permite sanciones por corrupción por parte de funcionarios gubernamentales o del sector privado y por graves violaciones de los derechos humanos. El Gobierno de Nicaragua respondió protegiendo a Rivas, no abordando la corrupción”, afirmó.
Diálogo
La Casa Blanca reiteró su apoyo al diálogo, previsto a realizarse entre el gobierno de Ortega y los distintos sectores del país, valorándolo como una oportunidad para recobrar las libertades fundamentales en Nicaragua, el retorno a la democracia y como la oportunidad del Gobierno para responder a las demandas de la población. “El balón está en la cancha de Ortega”, apuntó el portavoz.
Aseguró que el tema de Nicaragua tiene gran interés para Estados Unidos. “Las protestas pacíficas y la libertad de los medios son fundamentales para la democracia”, precisó.
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Añadió que el diálogo está en manos de los nicaragüenses, de la Iglesia, de los estudiantes y que debería ser muy inclusivo. El Gobierno es un participante en ese diálogo, es parte circundante para el éxito del mismo, señaló el funcionario de la administración Trump.
“Este momento es de la gente de Nicaragua, no de los Estados Unidos, es importante que los nicaragüenses puedan hacer este diálogo para determinar qué cosas son necesarias. Hemos dicho que el diálogo es una oportunidad para recobrar las libertades fundamentales en Nicaragua, el retorno a la democracia, el Gobierno tiene la oportunidad para responder a la gente”, aseveró.
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“Condenamos la violencia reciente contra los manifestantes y la violencia represiva debe terminar”, sostuvo en alusión a los recientes actos represivos ocurridos la madrugada del pasado jueves 3 de mayo, protagonizados por agentes de la Policía Nacional y miembros de la Juventud Sandinista contra estudiantes que permanecen en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), con un saldo de seis heridos.
“Los reportes de violencia adicional en la Upoli son preocupantes y debe haber responsabilidad para investigar y sancionar la violencia”, afirmó el oficial de la administración estadounidense.
España se ofrece como mediador
El secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, aseguró este viernes que España está preparada para actuar “inmediatamente” en Nicaragua, si se pide algún tipo de mediación en el contexto de la crisis de protestas ciudadanas contra el régimen del presidente designado Daniel Ortega.
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García Casas compareció el jueves ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para debatir acerca de varios asuntos de interés, entre estos la situación en Nicaragua, donde las protestas contra la política del gobierno de Daniel Ortega han causado al menos 45 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.
“Si se pide la mediación, el Ejecutivo de Madrid está dispuesto a actuar inmediatamente”, dijo el secretario de Estado, quien aclaró que los ciudadanos españoles en Nicaragua se encuentran bien.