Desatan persecución policial y laboral a estudiantes y empleados públicos que participaron en protestas

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende desarmar las protestas bajo intimidación y amenaza a la población nicaragüense

Cientos de nicaragüenses marchan desde la rotonda de Metrocentro en respaldo a las protestas iniciadas por los estudiantes. LA PRENSA/O. Navarrete

Los 13 días que el gobierno de Daniel Ortega ha dejado de reprimir las manifestaciones ciudadanas, en demanda de justicia para los más de cuarenta asesinados durante la protesta contra las reformas al INSS —del 18 al 22 de abril—, han sido utilizados para dar persecución penal y laboral a estudiantes y empleados públicos en general, que participaron de alguna manera en la protesta.

“Estamos ante la segunda etapa de la represión, esta vez no es con antimotines, bombas lacrimógenas ni balas de parte de la Juventud Sandinista, sino es una represión disfrazada de legalidad, porque utilizan a la Fiscalía, la Policía y el poder judicial como órganos de persecución y represión judicial”, dijo el abogado penalista Nelson Cortez.

El también miembro de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, señaló que el Gobierno lo que quiere lograr con su persecución y amenazas es que la gente se desmovilice y deje de participar en las diferentes protestas del país.


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Al respecto, pobladores de Ticuantepe, Managua, Bluefields y Jinotega han denunciado allanamientos de moradas sin orden judicial, detenciones ilegales de jóvenes que participaron en la marcha y acusaciones por asesinato y motín en Jinotega.

En Ticuantepe la población denuncia que autoridades de la Alcaldía, mercadito municipal, junto a la Policía y secretario político se han dedicado a amenazar con quitar tramos a los comerciantes si no corren a los chavalos que tienen de dependientes, porque participaron en plantones. Además, llegan a visitar a los barrios a los chavalos y les dicen que se los llevarán presos si los encuentran en las protestas.

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En barrios capitalinos, la gente denuncia que andan en vehículos del Ministerio de la Salud preguntando por personas cuyos nombres los andan anotados en una lista para investigarlas porque participaron en las manifestaciones. “Son policías, ni siquiera se quitan las botas militares y el pantalón, preguntan por los vecinos y una vez puntualizados los de la Juventud pasan intimidando”, dijo un ciudadano.

Fiscalía acusa a tres por motín y luego se retracta

De forma expedita, la juez Diana Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, ordenó este sábado archivar la causa contra los jóvenes Enrique García Centeno, Kenneth Altamirano y Andy Josué Herrera quienes estaban siendo procesados por el delito de “motín” en perjuicio del orden público del Estado de Nicaragua.

Según la judicial, la petición la hizo el Ministerio Público este sábado a eso de las 8:41 de la mañana argumentando “falta de prueba” para sustentar y mantener la acusación.

Además, dictó el sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. Es decir que no pueden volver a ser acusados por los mismos hechos.

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Estos jóvenes fueron detenidos y procesados por participar en las protestas contra las reformas al INSS en abril pasado en el barrio San Cristóbal de ese departamento, según acusación del Ministerio Público.

Durante la audiencia preliminar realizada el 25 de abril de este año, el abogado defensor Aníbal Zamora Flores argumentó que la Fiscalía estaba basando su acusación en “suposiciones”, ya que las protestas se han dado a nivel nacional.

Además, argumentó que la protesta ciudadana es un derecho constitucional y por tanto no debe criminalizarse, por tanto se le habían violado sus derechos a sus representados, ya que también alegó detención ilegal.

Sin embargo, ese día la juez Diana Jarquín admitió la acusación. “Si reúne requisitos… está clara en lo que hace a conspiración de motín, es específica en cuanto señala los elementos y objetos materiales que ellos tenían, estaban sobre el andén del barrio San Cristóbal, estaban realizando arma artesanal (bomba molotov) en las protestas al INSS, se admite en la acusación”.

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Ese mismo día la juez giró orden de libertad a los acusados porque tenían más de 48 horas de estar detenidos.

La audiencia inicial estaba programada para el próximo miércoles 9 de mayo a las 9:30 de la mañana, misma que fue cancelada por la juez.

“Ha lugar a lo solicitado por el Ministerio Público… siendo que no hay razón para la realización de la audiencia programada para el 9 de mayo queda sin efecto, en consecuencia archívese la presente causa, por ende se decrete el sobreseimiento definitivo de los acusados, por insuficiencia de elementos de convicción que sustenten la acusación”, dice la resolución.

Según el artículo 421 del Código Penal de Nicaragua cometen el delito de motín los que “sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alzaren públicamente con violencia para impedir el cumplimiento de las leyes o de resoluciones de las autoridades, funcionarios o empleados públicos… provocando grave alteración al orden público, serán castigados con una pena de seis meses a dos años de prisión…”.

No hay delito

Para el abogado penalista Nelson Cortez, esta acusación era ilegal y una prueba de ello es que el Ministerio Público no tenía pruebas para sustentarla.

“Los jóvenes no cometieron delito porque la protesta es un derecho constitucional (artículo 53 y 54 de la Constitución). No vamos a negar que los muchachos usaron piedras, molotov, morteros, pero fue para repeler o defenderse de una agresión ilegítima de la Policía Antimotín que usó armas, bombas lacrimógenas y la Juventud Sandinista usó armas de fuego al amparo de la Policía”, explicó Cortez.

Acoso laboral en instituciones

El ambiente de tensión y persecución invade el ambiente laboral de diferentes instituciones del Estado, entre estas el poder judicial, durante estos días de manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, afirman trabajadores.

Se reportan despedidos en la Portuaria Nacional, en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Educación. “Solo dicen que son órdenes superiores”, dijo una afectada.

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Autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impusieron los rezos mañaneros por la paz en Nicaragua y “en apoyo al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”. Las oraciones y plegarias están a cargo de cada responsable de área. “Si no participás en las plegarias estás mal”, dice un empleado.

Desde el primero de mayo supuestamente se han realizado varias reuniones secretas entre líderes sindicales y militantes del Frente Sandinista más allegados, para definir estrategias de participación en las actividades del Gobierno.

Esto incluye movilización a plantones, formación de grupo de motorizados y cacería de brujas para trabajadores judiciales que participan en plantones de protesta. La persecución llega hasta redes sociales. Tienen personal que se dedica a investigar los perfiles de Facebook de los trabajadores y reportan a quienes le den “me gusta” a alguna publicación que esté en contra del Gobierno. Incluyen memes, noticias, videos y fotografías, igual si le dan compartir.

Trabajadores están cansados de las amenazas de despido no tienen paz ni en sus casas ni en su tiempo libre.

“Es un abuso, porque uno cumple con su trabajo y jornada laboral y lo que uno haga o deje de hacer en su tiempo libre no les debe importar”, dijo una de las personas que se siente afectada.

Campaña de desprestigio

A la par de las jornadas de persecución y cacería de brujas de manifestantes y trabajadores del Estado, el régimen orteguista ha montado una campaña de descrédito y desprestigio en las redes sociales, a través de sus seguidores de la Juventud Sandinista y trabajadores informáticos de las instituciones estatales.

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Crean perfiles falsos para seguir en redes a periodistas, líderes religiosos, empresarios y opositores para atacarlos e infundir ruido en la lluvia de rechazo y repudio al orteguismo.

No hay delito

El uso de piedras, garrotes, bombas artesanales y morteros de parte de universitarios y población en general no constituye delito, afirmó el abogado penalista Nelson Cortez, pues lo que hacen es repeler o defenderse de la agresión ilegítima y desproporcionada de la Policía y de las fuerzas paramilitares, que actúan a vista y paciencia de la Policía. “Es improcedente. Las circunstancias en que se dieron los hechos no constituye delito, lo que se está haciendo es el ejercicio legal de un derecho constitucional ante la violación del Estado”.

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