Además de investigar de manera independiente la masacre de abril pasado, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, pedirá en la mesa de diálogo con el Gobierno profundas reformas electorales, que pase por una revisión del porcentaje de votos que se requiere para ganar la Presidencia y los procesos de cedulación.
Healy, quien participará como delegado por el sector privado en la mesa de diálogo con el Gobierno, no descartó que en caso de que no se consigan resultados tangibles en pro de la democratización de Nicaragua recurran al paro nacional, aunque esto tenga un elevado costo económico para el país.
La empresa privada quiere nuevas leyes electorales, cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, renovación de la Contraloría General de la República, independencia de los poderes del Estado, entre otros.
Le puede interesar: Gustavo Porras convoca a “comisión de la verdad” ante masacre
A criterio de Healy, este diálogo debe producir la implementación de un nuevo sistema de democratización del país, que permita tener a magistrados electorales creíbles e independientes.
“Tenemos que enfocarnos en conseguir unas nuevas elecciones para que el pueblo decida quiénes van a ser sus líderes. ¿Es complicado? Claro que es complicado, pero tenemos que buscar que las cosas se hagan democráticamente, nosotros no queremos más sangre, no queremos más derramamiento de sangre, no queremos más guerra, no queremos más problemas, lo que queremos es que Nicaragua siga un rumbo demócrata”, dijo.
El líder gremial, una de las pocas voces críticas en el seno del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) contra las arbitrariedades que en los últimos años ha cometido el gobierno de Daniel Ortega, indica que la reforma electoral debe implicar “cambio en el 35 por ciento (que se requiere como mínimo para obtener la presidencia) y la no reelección. Hay un sinnúmero de temas que se van a revisar y se deberá cambiar, la ley de partidos, la parte de la cedulación. El esquema electoral está colapsado, tenemos que crear un nuevo esquema electoral, que no vuelva a colapsar y que llene las expectativas de la población”.
En 2007, Ortega regresó al poder con solo el 38.07 por ciento de los votos, luego que el partido Frente Sandinista junto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), años atrás, impulsaran reformas electorales que rebajaban de 45 a 35 por ciento el porcentaje de votos mínimo requerido para ganar unas elecciones en primera vuelta. Antes de dichas reformas electorales, Ortega, quien gobernó entre 1979 y 1990, había perdido tres elecciones consecutivas (1990, 1996 y 2001).
Lea además: Vilma Núñez: “Ortega tiene ahora su propia masacre de estudiantes”
A criterio de Healy, la población a través de su manifestación cívica debe presionar para que estos cambios ocurran. “El Gobierno tiene que ceder para que tengamos paz y tranquilidad los nicaragüenses y tengamos un país demócrata”, afirma.
“Hoy por hoy hay un pueblo que está saliendo a las calles y se pronunció, hace diez años no salía mucha gente a la calle. Hoy se ha perdido el temor y hoy la gente está clara de lo que quiere y al pueblo hay que darle lo que quiere, porque al final de cuenta él mismo lo dice: ‘Pueblo presidente’”, enfatiza.
Healy aseguró que en reuniones con campesinos, productores y ganaderos todos tienen el mismo clamor de cambios en el país.
“El campo ahorita se está pronunciado cívicamente, pero cuidado que si esto no se da lo que está pidiendo el pueblo, esto puede levantarse más fuerte y eso es lo que no queremos y estamos tratando de evitar… Aquí la mayoría somos nosotros, ellos son la minoría”, enfatiza.
“El diálogo nos está abriendo esa puerta para que haya una salida pacífica y democrática”, indicó Healy.
No todo el sector privado estaba feliz
Al ser cuestionado sobre la relación cercana que en los últimos años había implantado la empresa privada a través de Cosep con el Gobierno y que hoy en plena crisis le cuesta duras críticas de la población, Healy revela que no todo el sector estaba contento con el esquema que se había impuesto.
“No metas esto en un solo bolsón. Está el sector privado que estaba feliz con esto, pero hay otra gente del sector privado que no estaba feliz con eso. Y Upanic fue muy enfático con eso, podés revisar mis declaraciones y las actas internas del Cosep donde nosotros definitivamente no estábamos de acuerdo en muchas cosas que estaban pasando en este país. Fuimos bien enfáticos desde adentro del Cosep y desde afuera”, afirmó.
Le puede interesar: Ortega reprime a manifestantes en Catarina y Niquinohomo
“Que hay gente que estaba contenta con esto, bueno yo no puedo hablar por ellos, te puedo hablar como Upanic, como Michael Healy y lo hicimos público de que no estábamos contentos de lo que estaba pasando en el país”, enfatizó.
A criterio de Healy el “diálogo económico funcionó, lo que no funcionó fue que no se le dio seguimiento a la parte institucional y ahí fue un error de muchos empresarios que no se le dio seguimiento a lo institucional, pero nosotros como Upanic sí hemos sido enfático”.
No descartan paro, pero sería doloroso
El presidente de Upanic afirma que un paro nacional tendría graves consecuencias para el país porque generaría pérdidas, quiebra de empresas y mayor desempleo, pero si la mesa de diálogo no produce resultados que encaminen al país a la democratización usar ese instrumento de presión no es descartable.
“Hay que ser cautelosos con este tema, si al final de cuenta se tiene que llegar a un paro nacional para que seamos escuchados y sean solucionadas las dos peticiones que tenemos sobre la mesa, pues tendremos que llegar a un paro nacional para poner presión”, dijo Healy, quien señaló que por ahora no es oportuno usar esa medida mientras no se produzca el diálogo y se vean los resultados del mismo.
Comisión de Porras es una burla
Para Healy la investigación de los asesinatos en las pasadas protestas debe ser profunda, creíble e independiente para que haya justicia, por lo que consideró que la Comisión creada por el diputado sandinista Gustavo Porras no cumple ninguna de las exigencias antes descritas.
“Eso es una payasada lo que están haciendo en la Asamblea Nacional, nombrando una comisión las mismas personas que son culpables de estas atrocidades. Yo lo veo ilógico y es inaceptable que la Asamblea Nacional esté nombrando una comisión como la misma Fiscalía que nombra una comisión para investigar algo que sabemos que va a estar amañado al final de cuenta”, afirmó Healy, quien es uno de los delegados por el sector privado para participar en la mesa de diálogo que convocó el Gobierno.
Lea: Nicolás Palacios, el primer agredido de las protestas de abril
Healy aseguró que entre los primeros pedidos que hará en la mesa es que se traiga a una comisión internacional, que incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas, para que investiguen acompañado de los organismos de derechos humanos locales sobre la muerte de más de 40 civiles en las protestas.
A criterio de Healy los organismos de derechos humanos nacionales tienen suficiente información para que se comiencen las investigaciones.
“Hay suficientes vídeos en las redes sociales, suficientes vídeos en la televisión para que se investigue exactamente lo que pasó. Creemos que debe ser la Comisión de Derechos Humanos Internacional la que debe venir hacer esta investigación para que al final paguen las personas que verdaderamente tienen la culpa de todo esto”, enfatizó.
Ortega pidió la CIDH en 1979
¿Por qué el Gobierno de Daniel Ortega no permite el acceso de los organismos internacionales? Healy sugiere remontarse a 1979, cuando la guerrilla Sandinista, del cual Ortega formaba parte, luchaba contra Somoza. En ese año, “el Frente Sandinista pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a Nicaragua. O sea no hubo necesidad de que Somoza diera permiso. ¿Entonces si ellos la pidieron como Frente Sandinista en 1979 por qué no la dejan entrar ahora en el 2018? Esta es una pregunta que hay que hacerle a ellos. O sea si era bueno en aquellos tiempos, por qué ahora no es bueno que vivimos una crisis igualita a la que se vivió en ese tiempo”.
A criterio de Healy la presencia de la CIDH es imprescindible, dado a que es el Gobierno el que está siendo acusado de los crímenes. “La investigación la tienen que hacer una entidad internacional, un organismo neutro, que no es afín al Gobierno, para que hayan resultados positivos, que es lo que espera la población, no resultados amañados”, enfatizó Healy, quien se le pregunta al Gobierno: “¿Cuál es el miedo? ¿Qué están escondiendo?”
Lea también: Informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca asesinatos y torturas en Nicaragua
No temen represalia
El líder gremial teme que a medida que se retrase la llegada de los organismos de derechos humanos se corre el riesgo de que se oculten pruebas incriminatorias, aunque advierte que los organismo de derechos humanos locales tiene bastante avanzada la investigación y que puede servir de soporte para una investigación internacional.
Healy asegura que este crimen contra los civiles al ser de lesa humanidad no va a prescribir y tarde o temprano los culpables serán llevados a la justicia. “Si hoy no lo permiten (la investigación internacional), más adelante se va a permitir, más adelante van a pagar los culpables. Mirá lo que le pasó a (Augusto) Pinochet-dictador chileno-, mirá lo que le pasó al que asesinó al cura en El Salvador, lo llegaron a traer a su casa 30 o 40 años después. Estos crímenes no prescriben y si creen que van a prescribir no es así”, afirmó.
Para Healy la creación de la comisión de Porras es una burla para las familias víctimas de la masacre.