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Daniel Ortega junto a Rosario Murillo y los jefes del Ejército, Julio César Avilés, y la jefa de la Policía, Aminta Granera, en medio de las protestas contra la represión. LA PRENSA/ CAPTURA

Daniel Ortega junto a Rosario Murillo y los jefes del Ejército, Julio César Avilés, y la jefa de la Policía, Aminta Granera, en medio de las protestas contra la represión. LA PRENSA/ CAPTURA

Gobierno de Ortega lleva nueve años despreciando a la CIDH

Desde el fraude electoral del 2008 y las repetidas jornadas de violencia, represión, violación de derechos humanos y más abusos del gobierno de Ortega, Nicaragua ha rechazado la visita al país de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva nueve años solicitando al Gobierno del designado presidente por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, en representación del Estado de Nicaragua que autorice una visita al país para indagar las numerosas denuncias por el deterioro de la institucionalidad, recordó la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores.

El último intento lo hizo la Cidh el 3 de mayo a solicitud de organizaciones de derechos humanos nacionales, entre ellas el Cenidh, así como organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras que el 1 de mayo remitieron una carta en la que exponen la situación de la masacre de abril durante las protestas causadas por las ahora derogadas reformas a la ley de seguridad social.

Las organizaciones le habían pedido a la CIDH que exhorten al Estado de Nicaragua para que les remita información sobre la violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social, en particular en relación al uso de la violencia por parte de la Policía Nacional de la que Ortega es el jefe supremo y por parte de grupos paramilitares.

Asi como realizar una investigación independiente e imparcial de los crímenes, desapariciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos em abril pasado a la fecha y que los responsables materiales e intelectuales sean juzgados y sancionados.

Y entre otras peticiones que hacen estas oeganizaciones está un monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, en particular de defensores y trabajadores de los medios de comunicación y periodistas independientes y que reitere una solicitud de visita formal al país y que Nicaragua sea incluido en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH.

Managua,Nicaragua.18/11/2008.Simpatizantes Sandinistas impiden marcha de Eduardo Montealegre y el PLC.Montealegre acusa a los Sandinistas de haber cometido fraude en las recientes elecciones Municipales.Oscar Navarrete/Diario Hoy

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El 3 de mayo, el Gobierno aunque en un intento de lenguaje conciliador rechazó una vez más el pedido de la CIDH, al responder según comunicado de prensa de ese organismo que mejor esperara los avances de la labor que puedan desarrollar los mecanismos creados para investigar a lo interno del país.

Flores recordó que las reiteradas denuncias al Estado por las constantes violaciones a derechos humanos por la falta de independencia de los poderes de parte del Estado, restricciones a las libertades individuales, al derecho de manifestación, de libertad de expresión, por la cantidad de leyes aprobadas que afectan y que han recurrido por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin ser resuelto, entre otros puntos son los que han llevado a la Cidh a solicitar una visita a Nicaragua en reiteradas ocasiones y el Gobierno las ha negado.

En respuesta desde 2016 el Gobierno se ha ausentado como Estado de las audiencias de la Cidh, “mostrando un desprecio al sistema interamericano de protección de derechos humanos”, señaló Flores.

El último informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua fue realizada en 1978 durante la dictadura somocista y el último informe de país fue en 1981.

Tropas de la Policía Nacional se enfrentaron el lunes con simpatizantes de Yatama en Bilwi, luego de conocer los resultados electorales. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL
La organización indígena Yatama denuncia que tras las elecciones de noviembre más de 90 indígenas fueron capturados por protestar por lo que consideran fue un fraude electoral. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL

Situación de abril ameritaba una aprobación

En países donde han ocurrido violaciones de derechos la Comisión ha podido ingresar y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales lo han solicitado y esperan que el Gobierno al final le permita el ingreso a la CIDH por la gravedad de la situación en Nicaragua, coinciden Flores y el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.

Leiva señala que para la CIDH es prioridad el contexto de la promoción y el cumplimiento del Estado  de Nicaragua de todo  lo que ha ratificado y que está  vinculado a los instrumentos jurídicos  internacionales de derechos humanos y  “en esta ocasión se le ha dado prioridad al estado por parte de la CIDH de presentar el contexto de los hechos vinculados a la protesta civil como un derecho humano”.

“Estamos en el entendido que la CIDH ha solicitado formalmente al Estado de Nicaragua una visita para hacer una revisión inmediata del tema de derechos humanos, que es fundamental revisar para la restitución  de la paz social en Nicaragua”, expresó Leiva quien recordó  que tanto la CIDH, la oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas,  como  la Comisión de Prevención Contra la Tortura, junto a las organizaciones de derechos humanos  en Nicaragua son los facultados para tener una incidencia en el tema de los derechos fundamentales en el país y para su promoción y cumplimiento en cualquier mesa de negciación.

“No se puede obviar el tema de derechos humanos”, aseguró Leiva, quien apuntó “Nicaragua es parte del sistema interamericano que está articulado dentro de 35 países que han ratificado la Carta Democrática, no permitirle una pronta resolución (a la CIDH) sobre su visita al país, en estas condiciones de hostilidad y violación a derechos humanos esto motivaría (a creer) que el Estado  no tiene una voluntad de cumplir la Carta Democrática poniendo más en evidencia internacional la posibilidad que la OEA tenga que sesionar de manera urgente en el contexto de derechos humanos”, expresó Leiva.

La marcha anticanal en Juigalpa, Chontales, estaba prevista para las 10:00 de este sábado. LA PRENSA/R.FONSECA

¿Son crímenes de lesa humanidad?

Por su parte la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez plantea que se debe profundizar más en el análisis en cuanto a que si en Nicaragua con la masacre de abril  “ha ocurrido o no un crimen de lesa humanidad”.

Aunque recordó Núñez, que el sistema interamericano no necesita funcionar solo por un crimen de lesa humanidad sino ante cualquier violación de derechos humanos y cualquier persona puede recurrir a la comisión.

No obstante, Núñez señaló que no se puede recurrir ante la Corte Penal Internacional por que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega se cuidó de no firmar  el Estatuto de Roma.

Sin embargo, Núñez recordó que también está el Tribunal de los Pueblos,  del que ella es una de los jueces que hay en todo el mundo, que aunque no es una instancia jurisdiccional sino que es moral,  ella buscará recurrir, “para ver si están en la disposición de montar un tribunal para que condene lo que pasó” en Nicaragua.

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