Abril permanecerá en la memoria histórica de todos los nicaragüenses. En menos de una quincena el gobierno demostró —como es su costumbre— la intolerancia y represión hacia los ciudadanos que opinan diferente y como una venganza de los dioses del Olimpo se desparramó a la velocidad del rayo todos los males: torturas, asesinatos, violación a la propiedad privada, saqueos, desinformación de los medios de comunicación gubernamentales, vulneración de derechos humanos y hasta un supuesto “secuestro” del polifacético señor Telémaco Talavera, conocido como el “rector vitalicio”.
Se ha evidenciado, con el auxilio de las redes sociales —videos, audios y fotografías— y los pocos medios independientes que aún quedan, la barbarie perpetrada contra los jóvenes estudiantes. Las torturas han sido diversas: han rapado sus cabezas, uñas arrancadas (en las celdas policiales) y el caso más criminal y dantesco fue el del estudiante de 19 años Carlos Flores Ríos, a quien le amputaron las manos, lo degollaron y le cortaron su pene (LA PRENSA 1/05/2018). Una testigo dijo: “Los vándalos retuvieron al joven y cerca estaban dos policías antimotines y aunque ella les pidió auxilio no hicieron nada y además se negaron a llevar a la víctima a un hospital”.
En junio de 2005, Nicaragua ratificó la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Convención establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. La Constitución Política de Nicaragua mandata además que “…nadie será sometido a torturas…”.
Los crímenes descritos previamente —existen más casos— muestran un escenario delictivo, de violencia institucional, con tendencia a empeorar. Por un lado se presenta un cuerpo policial con hábito de torturar y matar (recordemos que como consecuencia de las torturas a Juan Lanzas le amputaron sus piernas o el crimen de Las Jagüitas), un sistema judicial plagado de impunidad cuando los crímenes son cometidos por empleados públicos, y una sociedad fraccionada en dos grandes bloques.
El primer bloque social está conformado en su mayoría por los empleados públicos, que tienen miedo de perder su trabajo, son personas humilladas y obligadas a ser espectadores, apañadores, lo que conlleva a ser cómplices, son personas que hasta la fecha se creen el discurso de odio que los muertos son “inventados”. El segundo bloque está integrado por ciudadanos que por fin salieron del letargo y que han dicho basta ya de corrupción, opresión, miedo, impunidad y de discursos con argumentos trillados.
Los malos hábitos adquiridos por el cuerpo policial se oponen a la misión previamente estipulada en las leyes de la Policía Nacional que es “proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo es responsable de la prevención y persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, velar por el respeto y preservación de los bienes propiedad del Estado y de los particulares…”.
Nicaragua posee un marco jurídico completo y avanzado, lo que falta es voluntad política para que se aplique la ley y que los funcionarios públicos —todos sin excepción— se empoderen del mismo. No dejarse guiar por el partido político en turno sino apegarse a la norma jurídica, para que eso sea posible es necesario empaparse también de valores éticos.
No es sano para Nicaragua que funcionarios de la Policía Nacional sigan torturando. Esta institución no fue creada para torturar sino para protegernos y respetar nuestros derechos humanos. Urge que haya un cambio radical que implica la destitución e investigación de responsabilidad penal de los altos mandos de la institución, seguido por el relevo de los mismos, quienes deben estar dotados de conocimientos técnicos y jurídicos.
La caja de Pandora contenía innumerables males, pero en el fondo de la misma había oculto un único bien: la esperanza. Pandora dejó salir los males pero la esperanza quedó encerrada. En nuestras manos está echarla a volar, en unidad podemos superar el dolor hasta ahora vivido y asegurarnos que las siguientes generaciones tengan la Nicaragua que nuestros antepasados quisieron para nosotros y ahora anhelamos para nuestros hijos.
La autora es experta en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca España
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