Los diputados de Daniel Ortega integraron, el domingo pasado, una comisión de incondicionales del orteguismo a la que sin vergüenza alguna pretenden llamar “comisión de la verdad”, la que supuestamente investigará la matanza de estudiantes que el régimen orteguista perpetró en abril pasado.
La misma noche del domingo que integraron la “Comisión Porras” (pues sería indigno llamarla Comisión de la Verdad), las fuerzas de choque de la Policía y los paramilitares sembraron el terror en Catarina y Niquinohomo al reprimir otra manifestación pacífica de ciudadanos autoconvocados.
Ortega demuestra con la “Comisión Porras” su desprecio a la justicia que demanda la Iglesia católica, la sociedad civil, los gremios empresariales, toda la gente decente de Nicaragua; la justicia que clama la sangre de los más de cuarenta nicaragüenses asesinados por la dictadura orteguista en la masacre de abril.
La “Comisión Porras” es para encubrir a los asesinos y criminalizar y condenar a las víctimas de la matanza de abril, como ha hecho la dictadura venezolana de Nicolás Maduro con su también falsa “comisión de la verdad”.
Las verdaderas comisiones de la verdad tienen que ser fidedignas, es decir, dignas de fe y de confianza. De allí que sean integradas por personas honorables, de impecable reputación moral y profesional e independientes de cualquier inclinación e interferencia política. Nada que ver con los integrantes de la “Comisión Porras”.
Es una burla y una inmoralidad que el mismo régimen que ha masacrado a más de 40 jóvenes nicaragüenses desarmados, se arrogue la facultad de investigarse a sí mismo. Con una burla infame como esa y con la represión que continúa en todo el país, Ortega y Murillo demuestran que no quieren un diálogo auténtico del que pueda salir la decisión de hacer justicia y a continuación el indispensable acuerdo para iniciar el proceso de democratización.
Ciertamente, lo primero que se debería demandar y conseguir en el diálogo, en el caso de que se llegara a instalar, es que venga a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una investigación independiente y confiable de la matanza orteguista del mes pasado. Y a partir de allí discutir y aprobar un plan y calendario para la democratización del país, que necesariamente debe comenzar y pasar por la renuncia de Ortega y Murillo al poder presidencial, o el adelanto de las elecciones para una fecha razonable.
De otra manera no tendría sentido un diálogo con la dictadura. Dialogar con el régimen mientras no acepte invitar a la CIDH, ni trabajar en un plan concreto y calendarizado para la democratización nacional, sería hacerle el juego a Ortega y Murillo que quisieran utilizar el diálogo para ganar tiempo, sofocar las protestas, recuperar estabilidad y seguir en su afán de perpetuarse en el poder.
Pero en todo caso esto es una ilusión de Ortega y Murillo. Las causas de la rebelión cívica no han desaparecido y en cualquier momento volvería a estallar, con mayor fuerza que la de abril. El único tiempo que podría ganar la pareja dictatorial sería demorar su salida del poder, para de todas maneras irse en peores condiciones.