Mientras más voces de la sociedad civil y partidos opositores expresaron su rechazo a la Comisión legislativa, conformada el pasado domingo 6 de mayo para investigar supuestamente la masacre de abril, sus cinco miembros ni siquiera han definido un plan de trabajo.
El subprocurador de derechos humanos Adolfo Jarquín Ortel, informó este lunes vía telefónica que no tenían ni siquiera el lugar dónde se reunirían.
“Cuando tengamos algo claro nosotros informaremos. Nos vamos a reunir (este lunes) porque inclusive estamos buscando local. Ese es uno de los problemas, porque no queremos hacerlo en la Procuraduría (para la Defensa de los Derechos Humanos) ni en las oficinas de ninguno de la comisión, (sino en) un local neutro”, dijo Jarquín Ortel.
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Además de Jarquín Ortel, fueron designados en la comisión: Mirna Cunningham, Cairo Amador, Jaime Francisco López Lowery y el sacerdote Francisco Uriel Molina Oliú. Públicamente fueron los propuestos por la directiva parlamentaria, controlada por el sandinista y presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. El plazo para presentar un informe, que fue acordado, es de tres meses, sin embargo las críticas a la credibilidad de sus miembros han sido evidentes, dados los antecedentes con el orteguismo de todos. (Ver infografía)
LA PRENSA no logró comunicarse con Amador ni con López, pese a las llamadas telefónicas realizadas a sus celulares y a sus oficinas.
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La Asamblea es controlada por el gobernante FSLN con 70 diputados, pero también cuenta con los aliados de otras bancadas.
Sobre el nombramiento del sacerdote Molina Oliú, Carlos Torrez, definidor para Nicaragua de la Orden de Frailes Menores Franciscano, explicó que este religioso, miembro de la “Comisión Porras”- no pertenece desde enero de 1996 a esa congregación por lo que pidió no se le relacione más como franciscano.
Más rechazo
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Susana Marley, presidenta de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil Comunitaria de Waspam, en el Caribe Norte, desconoció a Mirna Cunningham porque “ su participación partidaria orteguista no creemos que vaya a tener interés en buscar la verdad y señalar a Daniel Ortega como responsable de las represiones que hemos enfrentado”.
Represión orteguista
Las manifestaciones pacíficas lideradas por los universitarios y ciudadanos autoconvocados estallaron el 18 de abril pasado en contra de las reformas a la seguridad social, que fueron derogadas posteriormente, pero las protestas por la democratización del país son cada vez mayores y empiezan por demandar la renuncia del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega. La represión a las manifestaciones pacíficas han dejado un saldo de 43 personas asesinadas confirmadas por LA PRENSA.