Para abrir un diálogo la Conferencia Episcopal y amplios sectores de la población han pedido pre condiciones favorables. Una de las que se ha puesto en agenda es que cese la represión.
El Gobierno habla de paz, pero cuál paz puede tener Nicaragua si continúan los antimotines en las calles, se abren procesos judiciales intimidatorios contra estudiantes y pobladores y se despide empleados públicos que participan en plantones o marchas, o ejercen su derecho de no sumarse a las manifestaciones promovidas por el Gobierno.
Abrir una puerta a la solución de esta dolorosa crisis, pasa porque los antimotines vuelvan a sus cuarteles, cese toda forma de represalias contra los estudiantes que se han manifestado pacíficamente en las calles y la intimidación a las familias de los muchachos asesinados. También pasa porque no se siga despidiendo a funcionarios públicos.
El profesor José Santos Morales Delgado perdió hace unas semanas su puesto de trabajo. Este profesor fue despedido por señalar: “Que a él le pagaban por dar clases y no por ir a manifestaciones promovidas por el Gobierno”. Al despedirlo, él menciona, no se tomó en cuenta la ley de carrera docente por lo cual “al no haber causal de despido”, cesarlo de su cargo ha sido un acto represivo, ilegal y violatorio de sus derechos humanos.
El hijo del dirigente mártir Oscar Pérez Cassar fue despedido por participar en la marcha del lunes 23 de abril. Si despiden a un familiar directo de un héroe sandinista, qué pueden esperar los demás empleados.
Tampoco puede haber un diálogo fructífero, si los estudiantes de nuestras escuelas en lugar de recibir clases son intimidados y maltratados por la Policía.
Un video filmado por Emiliano Chamorro, de LA PRENSA, muestra en el Colegio Maestro Gabriel un oficial de la policía expulsando a un estudiante por documentar su presencia con un celular. Gritando palabras soeces el policía corrió al muchacho diciendo: “Salíteme de aquí, no voy a aguantar ni v…”
En este colegio el oficial además de insultar a un niño, hizo perder clases a los estudiantes para arengarlos indicando que “el Gobierno les daba educación gratis” y que “cuando se bachilleraran sus familias recibirían dinero”. Los policías —funcionarios pagados con nuestros impuestos— no tienen por labor interrumpir clases, sino resguardarnos de la violencia y la delincuencia.
Promover que la Policía irrumpa en los colegios con prepotencia y vulgaridad, sacando a los estudiantes de sus aulas muestra un severo desprecio por la función educativa y la elemental seguridad que merecen los estudiantes por parte del Gobierno.
Estos hechos me causan indignación y dolor.
¿Qué paz puede haber si se continúa disparando contra estudiantes indefensos y alentando a pandilleros violentos a reprimirlos?
¿Qué país estamos construyendo si irrespetamos la dignidad y los derechos de docentes y estudiantes?
¿Qué país estamos construyendo si hacemos que docentes y estudiantes pierdan clases, lo cual impide que niños y niñas aprendan abortando así su posibilidad de tener un futuro mejor?
¿Existe realmente una voluntad de diálogo sincera para evitar que se repitan las muertes de jóvenes asesinados por ejercer su derecho de protestar pacíficamente?
La represión actual y el amedrentamiento deben cesar, si se busca una paz verdadera y un diálogo sincero por Nicaragua.
La autora es educadora.