La resolución de la crisis va a requerir de la unidad de todos los actores nacionales, incluyendo pero no limitando a los estudiantes, la sociedad civil, la Iglesia católica, los trabajadores y la empresa privada. Tomando en cuenta que Nicaragua es un país con una economía frágil, la empresa privada juega un papel de absoluta necesidad. Durante el mandato de Daniel Ortega, la empresa privada ha tenido que negociar con el gobierno en búsqueda de estabilidad económica, lo cual es entendible ya que la economía es imprescindible para sus intereses y los del país.
En el transcurso de esas negociaciones la empresa privada entró en un acuerdo informal con el gobierno de Ortega de “no te metas conmigo y yo no me meto con vos”. Esto llevó a que hubiera cierta estabilidad económica, pero al mismo tiempo causó que se dejara de financiar la oposición política, creando así el vacío de liderazgo que existe actualmente en el país. Este acuerdo permitió al gobierno ir poco a poco socavando las instituciones políticas del país. Con los eventos sucedidos durante esta crisis las cosas cambiaron. Los dos pilares que sostenían ese acuerdo eran la estabilidad económica y la seguridad nacional que siempre ha sido el punto de orgullo de Nicaragua.
Es claro que con la pérdida de tantas vidas y las demás atrocidades de las últimas semanas, la seguridad nacional ya no existe. Dichos crímenes de lesa humanidad impiden la continuación de dicho arreglo. La estabilidad económica también agoniza. Las medidas que tomó el gobierno unilateralmente antes de la crisis como subir el salario mínimo e incrementar la recaudación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ya empezaban a crear fricción con la empresa privada y son prueba clara que el Gobierno necesita incrementar sus ingresos para reemplazar los fondos venezolanos que se han esfumado. Por lo tanto, podemos estar seguros que estas medidas solo van a incrementar.
Las valientes acciones de los estudiantes lograron que el Gobierno cesara momentáneamente en su represión, permitiéndose marchas y protestas sin que se viera policía alguno en las calles y derogando el decreto del INSS. Sin embargo, los sucesos de los últimos días demuestran que la represión del Gobierno no puede contenerse por mucho tiempo. El Gobierno pasó de ser un régimen controlador a uno opresor y esa página no tiene vuelta atrás.
Esto pone a la empresa privada en una situación enmarañada, ya que ahora no solo se negocia con derechos políticos, sino también con derechos humanos. La empresa privada hubiera aportado todo su peso a las protestas desde el inicio, por ejemplo, llamando a un paro nacional, la “casa de cartas” de Ortega estaría tambaleando. La pregunta es entonces: ¿Por qué ha titubeado la empresa privada ante esta oportunidad? En mi opinión ha sido por temor a que la presura del cambio y la falta de líderes políticos, crearan un desastre político y económico. En tratar de mantener estabilidad económica. Están tratando de apoyar las manifestaciones y generar el diálogo, pero sin tomar una acción que corte por completo su relación con el Gobierno.
Es esta entonces la pendiente resbaladiza de la empresa privada nicaragüense: ¿Cómo apoyar y generar un cambio y paralelamente mantener estabilidad política y económica?
La idea viene siendo llevar al famoso “aterrizaje suave”. Esto implicaría negociar el cambio con el Gobierno a través de reformas al sistema electoral y otros poderes del Estado pero al mismo tiempo que Ortega permanezca en el poder por un periodo, mientras se organiza la oposición y prepara al país para el cambio. El riesgo está en definir la longitud del periodo en que se permita a Ortega mantenerse en el poder. A mi parecer, un periodo de más de seis meses podría resultar catastrófico y repercutir por décadas.
El peligro está en que por tratarse de mantener la estabilidad en los próximos años no se valorare correctamente el riesgo del deterioro económico que podría venir si Ortega se mantuviese en el poder por un tiempo prolongado. En este caso la empresa privada estaría confiando que Ortega no solo aceptaría dicha oferta sino que respetaría el acuerdo en unos años. La experiencia de Nicaragua con Ortega y otros dictadores nos deja claro que probablemente no será así. El problema es que con tiempo Ortega puede hacer y deshacer y probablemente la oposición no va a tener el ímpetu que tiene en este momento.
El resultado de que Ortega se resista al cambio sería un deterioro económico que podría incluir en lo inmediato sanciones internacionales, incremento de tasas de interés a causa de la reducción de la clasificación internacional de riesgo país, fuga de fondos y sequía de inversiones y capital extranjero. A esto lo seguiría una lenta estrangulación del Gobierno a la empresa privada con medidas como las que ya han empezado a hacer y políticas monetarias irresponsables, trayendo con seguridad inflación y desempleo. Finalmente, la posible confiscación y nacionalización de empresas y recursos. Esto ya lo vivimos en los ochenta y es el modus operandi de estas dictaduras. Cuando estén acorralados van a volver a lo que ya conocen.
Si bien es cierto que hay un riesgo en un cambio precoz, el riesgo de lo que puede suceder con la probable resistencia de Ortega al cambio es mayor y el posible daño que podría causar a la economía debería de ser suficiente para que cualquier inversionista acepte la píldora amarga de la inestabilidad inmediata. A esto habría que agregarle lo más importante y es que entre más pronto suceda el cambio se incrementan las posibilidades de prevenir la muerte y maltrato de más nicaragüenses. Las oportunidades son como los atardeceres, si parpadeas un segundo te las pierdes. Nicaragua, no parpadees.
El autor es abogado nicaragüense, reside en EE.UU.