El gobierno de Daniel Ortega se declaró “listo” al llamado de la Conferencia Episcopal para el inicio del diálogo nacional este jueves, horas después de que el cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, expresó que los universitarios bloquean el proceso de diálogo con el ejecutivo, siendo uno de los principales obstáculos la demanda de una investigación por los crímenes de abril desde su perspectiva.
La vicepresidenta designada Rosario Murillo, portavoz de la actual administración, sostuvo que “hemos estado trabajando con los señores Obispos, en todo momento ha mostrado su absoluta disposición y hemos estado al llamado de la Conferencia Episcopal, esperando que se inicie el diálogo, cuando los señores Obispos consideren que están dadas las condiciones para que se dé ese encuentro resulten las mejores propuestas para ir adelante en nuestra Nicaragua”.
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Brenes insistió en lo que él considera obstáculos. “Hay algunas situaciones que ellos (estudiantes) está proponiendo como condición (…), la investigación de los hermanos nicaragüenses que perdieron la vida, algunos nombres de los desaparecidos que no se conocen todavía y también de los heridos. Creo que hay algunas situaciones que ellos proponen como condición. Entonces, eso, en este momento nos tiene como bloqueados”, aseguró el Arzobispo de Managua al Canal 23 y radio La Primerísima.
El tres de mayo pasado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, presidida por Brenes, dijo en un comunicado que se debían esclarecer a fondo las muertes sufridas durante las manifestaciones de abril, al menos 43 según los datos confirmados por LA PRENSA. Pero además los Obispos dijeron que el objeto del diálogo debe de ser “revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia”, una alusión a la que la familia presidencial no ha respondido de manera directa en los últimos días.
Iglesia es testigo y mediadora
Brenes preside la comisión de Obispos de la Conferencia Episcopal (CEN), que participa como mediadora y testigo del diálogo, en que el ejecutivo de Nicaragua vetó ya la participación del rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, quien dirigió una carta pública al mandatario, en la que lo cuestionó por su actuación frente a la masacre estudiantil.
Brenes no se refirió durante la entrevista cedida en la mañana a la situación de Medina. Hasta ahora el diálogo no tiene una fecha prevista y, según los críticos del orteguismo, el presidente designado ha hecho sus mejores esfuerzos para arruinar la posibilidad de conversar con otros sectores, dado las demandas ciudadanas de justicia y democracia para el país, que han sido expresadas en las calles por miles de ciudadanos, e implicarían su salida del poder antes de 2021, cuando se vence su período presidencial.
Ortega está en el poder ejecutivo desde enero de 2007.
Silencio gubernamental
El Movimiento Universitario 19 de Abril ha planteado que, para participar en el diálogo, el Gobierno debe invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que se haga una verdadera investigación de los crímenes ocurrido en abril. Sin embargo hasta ahora, la respuesta oficial ha sido el silencio, mientras en la Asamblea Nacional se creó una comisión formada por allegados al régimen que en un plazo de tres meses rendirá un “informe”.
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El 18 de abril iniciaron las manifestaciones contra la reforma a la seguridad social, las cuales reprimidas por el ejecutivo, a través de la Policía, la Juventud Sandinista y los motorizados, los dos últimas de las estructuras del partido gobernante.
Brenes reconoció que el diálogo no se puede iniciar con la ausencia de los jóvenes estudiantes. “Personalmente creo indispensable la presencia de los jóvenes, porque todo este momento que estamos viviendo, prácticamente es una iniciativa de ellos, entonces, tenemos que escuchar la voz de ellos”, manifestó Brenes.
Estudiantes señalan al gobierno
La estudiante y vocera de la Coalición Universitaria y de la Sociedad Civil, Valeska Valle, dijo que quien bloquea el diálogo es el gobierno de Ortega y Murillo.
“Nosotros dijimos que ya estamos listos para ir al diálogo, que ya tenemos a nuestros representantes, nuestra gente; pero no vamos a retroceder ante los requisitos que hemos pedido y una de esas condiciones es que el gobierno permita que venga al país a la CIDH y que ellos sean quienes garanticen que los que conforman la comisión de la verdad sean gente que merece estar allí”, dijo Valle.
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