Periodistas, represión y Policía

Es lamentable la degradación institucional que ha sufrido la Policía como consecuencia de la subordinación de sus mandos al partido FSLN y a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo

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Los medios de comunicación y periodistas independientes de Nicaragua, presentaron el 9 de mayo un pronunciamiento en el que condenan la masacre contra los estudiantes y demás formas de la represión gubernamental, y reclaman respeto a la libertad de pensamiento y el derecho a la información.

El periodismo independiente condena ante todo el asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, la destrucción de Radio Darío, en León, la censura impuesta a algunos medios de televisión y “las agresiones físicas contra los periodistas que cubren las protestas y el robo de sus medios de trabajo”.

Agresiones contra el periodismo que continúan. El miércoles, después de la gran manifestación cívica y pacífica por la justicia y la democratización de Nicaragua, los integrantes de un equipo de trabajo de LA PRENSA: el periodista Josué Garay, el fotorreportero Carlos Valle y el conductor Esdrulfo Huerta, fueron amenazados con armas de fuego y agredidos físicamente por más de treinta policías, los que también intentaron robarles las cámaras fotográficas y teléfonos celulares.

Como una condena anticipada de esa nueva agresión policial contra los periodistas de LA PRENSA, el Pronunciamiento del periodismo independiente rechaza “toda agresión —directa o indirecta— contra periodistas de cualquier medio de comunicación”, y demanda “al Estado y a la sociedad una política de cero tolerancia ante las agresiones contra periodistas”.

Es lamentable la degradación institucional que ha sufrido la Policía como consecuencia de la subordinación de sus mandos al partido FSLN y a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Seguramente que en el interior del cuerpo policial hay oficiales de distinto rango y miembros de base honestos y profesionales, que calladamente lamentan la violación de los principios éticos y democráticos establecidos en los documentos normativos de la Policía Nacional. Pero ante la perversión de sus mandos, los policías honestos no se han atrevido —todavía— a reclamar la recuperación de sus fueros y su dignidad.

La Policía Nacional fue fundada en 1979 con el nombre y carácter de Policía Sandinista. El FSLN la organizó después del derrocamiento de la dictadura somocista y la disolución de la Guardia Nacional, que ejercía la función policial. Nació, como su mismo nombre lo indicaba, como un brazo de seguridad y represión del poder revolucionario y del partido Frente Sandinista que lo sustentaba.

Sin embargo, el 27 de marzo de 1990 —después de las elecciones del 25 febrero que ganó la coalición democrática UNO y antes de que doña Violeta Barrios de Chamorro tomara posesión de la Presidencia de la República— se determinó en el acuerdo de transición del régimen sandinista saliente con el Gobierno democrático entrante, que “las fuerzas de defensa y orden público de la nación” —o sea el Ejército y la Policía— no pertenecerían a ningún partido político. A partir de esos acuerdos la Policía se adentró en un proceso de desintoxicación partidista y profesionalización, que fue exitoso a pesar de las complicaciones propias de toda transición.

Y así fue hasta que Daniel Ortega volvió al poder y comenzó a degradar a la Policía, llegando a convertirla en el odioso y temible cuerpo represivo que es ahora.

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