El Ministerio Público ha presentado tres acusaciones referentes a los hechos de protestas ocurridos del 18 al 22 de abril en Nicaragua. Dos fueron presentadas en juzgados de Managua por asesinato y una en Jinotega por motín. El problema técnico de estas acusaciones advierten exfiscales es que la institución está acusando sin respetar el principio de objetividad, sin tener pruebas contundentes que respalden y ayuden a sostener el caso en un juicio penal.
Estas particularidades restan credibilidad a la institución ante la población y comunidad internacional, porque hay circunstancias planteadas en el relato acusatorio que dejan más dudas que respuestas, explicó Boanerge Fornos, exfiscal regional de la Costa Caribe Sur.
“Se logra apreciar que la Fiscalía está actuando bajo presión y se están olvidando de la objetividad. No podes acusar a nadie sino tenés las pruebas que respalden esos hechos. Por ejemplo, en Jinotega sino tenían pruebas no debieron ejercer la acción penal. Luego tuvieron que pedir el archivo de la causa, ante estos casos de relevancia social, le resta credibilidad a la institución”, recalcó Fornos.
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Elementos de prueba débil y cuestionables
En el caso del asesinato de Roberto Carlos García Paladino, quien participaba junto a otros vecinos incluyendo a los jóvenes acusados, a evitar el saqueo del Palí del barrio El Paraísito, la percepción es que no hay prueba, porque la población que habita en el sector donde sucedieron los hechos señala a otras personas de cometer el asesinato y no fueron tomados en cuentas durante la investigación, lo que resta objetividad de parte del Ministerio Público, explicó Róger Alvarado, exfiscal de la unidad anticorrupción de Managua.
La misma historia se repite en el caso del asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefield, porque la familia de este es clara en decir que no son los acusados los responsables y tienen fotos y videos del hecho que no fueron tomados en cuenta.
“A mi criterio, la Fiscalía se adelantó a ejercer la acción penal sin terminar una investigación exhaustiva que determine la responsabilidad penal de cada persona”, dijo Fornos.
“Chivos expiatorios”
Para el exfiscal Róger Alvarado, de la actuación del Ministerio Público se puede desprender que está actuando a la ligera sin pruebas, como un brazo intimidatorio del Ejecutivo. “Ahí están agarrando a chivos expiatorios, porque están acusando a ultranza, eso significa, que no está respetando los derechos del procesado. Debe establecerse un presunto móvil del crimen y se percibe que están protegiendo a los verdaderos culpables. No están siendo objetivos porque no ofertan toda la prueba a favor y en contra de los procesados”, recalcó Alvarado.
Prueba no es creíble
En los dos casos acusados de asesinatos durante las manifestaciones de abril que están en tribunales de Managua, no se sabe si hubo reconstrucción de los hechos con presencia de todas las partes involucradas a la hora establecida en que sucedieron los hechos, porque no es lo mismo la visión de noche que de día, cuestionaron los exfiscales Boanerge Fornos y Róger Alvarado.
“Por ejemplo, en el caso de Bluefield se debe ver el alcance de la arma artesanal, porque según acusación fue a 69 metros, el sentido común te dice que eso es imposible con una arma artesanal. Estos detalles afectan la credibilidad de la Fiscalía”, repitió Boanerge Fornos.