La CIDH señalaría las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Las sanciones que puede establecer la CIDH contra un Estado que no acata sus observaciones únicamente son morales

protestas en Nicaragua, represión en nicaragua

Las protestas contra el Gobierno de Nicaragua iniciaron el pasado 18 de abril. LA PRENSA/Jader Flores

Tras la represión gubernamental contra manifestantes y la falta de garantías para un verdadero acceso a la justicia, ha llevado a diferentes sectores de la sociedad poner su confianza únicamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y una visita de la CIDH ha estado entre las principales condiciones entre los manifestantes, para que el diálogo que ha aceptado el Gobierno sea creíble.

Y el último sector que se refirió a la posibilidad que sea invitada una representación de la CIDH fue la comisión Porras, creada por la Asamblea Nacional supuestamente para investigar la grave situación que ha cobrado la vida de varias decenas de personas, en su mayoría jóvenes y que LA PRENSA ha verificado al menos 43 asesinatos, lo que ha impactado al país y ha trascendido al exterior.

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Aunque los miembros de la comisión Porras mencionaron que le comunicaron al Gobierno sobre la invitación de la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, sobre esto opinó lo importante es que la investigación sea abierta .

No obstante, de aceptar el Gobierno una visita de una comisión de la CIDH esta no es la instancia que vendrá a resolver de inmediato esos vacíos de justicia que a lo interno tiene la población nicaragüense como muchos creen.

La CIDH es un órgano especializado de la OEA, para la prevención y promoción de derechos humanos de los estados miembros.

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“La gente cree que la comisión llega, investiga y dice este mató a fulano. Y esa no es la labor de la comisión, lo que la comisión hace es llegar a un país, requerir información, entrevistar a los diversos actores y señalarle al Estado que implica una investigación (…) ante una violación de derechos humanos”, explicó el consultor independiente en derechos humanos, Uriel Pineda. La CIDH no tiene facultad de determinar “quien mató a quien, sino observarle al Estado que está incumpliendo sus compromisos internacionales de derechos humanos”, dijo Pineda.

Pineda consideró que “la principal carga” que tiene la CIDH es la de prevención de derechos humanos y para ello monitorean los derechos humanos de los estados, les piden informes los examinan periódicamente. “Y una de las acciones que utilizan son las visitas In loco las que tienen la finalidad de coadyuvar a un estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, para el respeto de los derechos humanos”.

El experto expresó que tras emitir un informe sobre la visita, esa comisión le establece un plazo al Estado para acatar esas recomendaciones y si no las cumple la CIDH hace pública la recomendación. Por tanto la sanción al Estado que incumple es moral.

Desde que asumió nuevamente Daniel Ortega, la CIDH no ha podido visitar Nicaragua, pese a reiteradas solicitudes de ese organismo, pues no pueden ingresar a un país si el Estado no lo autoriza. A diferencias de la dictadura Somocista, que en 1978 a finales de la insurrección le permitió ingresar a Nicaragua.

Temor a antecedente

El editor de la sección de Opinión de LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho, recordó que esta fue el preludio de la expulsión de Somoza y es probable que es lo que no desee Ortega.

Después del asesinato al director mártir de LA PRENSA, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de ese año, se registraron una serie de acciones tanto de presión como de represión en el país desde la primera insurrección que inició en Monimbó hasta el bombardeo a varios barrios de Managua por parte de la dictadura que provocó una presión internacional. Somoza autorizó la visita de la CIDH.

Sánchez apuntó que ese es un antecedente histórico pues el informe de la CIDH de 1978 sirvió de base a la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que consideró que el Gobierno de Somoza no tenía legitimidad. Sánchez estimó que es por eso que Ortega no ha querido aceptar una visita de la CIDH.

El informe de visita In loco no pasa a la Corte IDH, pero si persiste la negativa de acceso a las víctimas, eso si se puede transformar en “un caso”, y si se puede llevarlo, explicó Pineda.

Visita es importante

Para Uriel Pineda es importante una visita de la CIDH en estos momentos, porque a pesar que Nicaragua ha adoptado mecanismos internos como la comisión Porras, “no cuentan con credibilidad y no se ajustan a los compromisos internacionales del Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos”.

Esto porque las víctimas o sus familiares deben ser partícipes del proceso investigativo, deben tener posibilidad de confrontar las pruebas ofrecidas por el Estado y en este caso la población ha expresado inconformidad como se ha manejado el proceso.

Proceso lleva mucho tiempo

Uriel Pineda explicó que dentro de las facultades de la CIDH está conocer también peticiones individuales, en casos de negativa de acceso a la justicia de una persona por violación a derechos humanos, para que sea documentado el caso y se determine la responsabilidad del Estado por violación a derechos humanos.

Por ejemplo, en el caso reciente de la masacre de abril, ha sido considerado que el Estado no es diligente en la investigación y trata de hacer lo que se conoce en derecho internacional “cosa juzgada fraudulenta”, o sea concluir una investigación “falseando” los hechos . Y “cuando eso se presenta hay una denegación de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas”, y puede activarse una petición individual.

En este caso si el “informe recomendatorio” que emita la CIDH no lo acata el Estado puede pasar a la Corte Intermericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene facultades jurisdiccionales y puede determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación a derechos humanos.

Sin embargo, este es un proceso demasiado largo, y uno de esos ejemplos es el caso Acosta versus Estado de Nicaragua, que llevó alrededor de quince años para que la Corte IDH emitiera una sentencia.

Al final la Corte IDH responsabilizó al Estado por violación del derecho de acceso a la justicia en contra de María Luisa Acosta, por el homicidio de su esposo Francisco García Valle, ocurrido el 18 de abril de 2002.

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