Cairo Amador, uno de los miembros de la Comisión de “la verdad”, que el legislativo presidido por Gustavo Porras delegó para investigar la masacre de abril, no se atreve a responsabilizar al presidente y a la vicepresidenta designados, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, por la muerte de 43 personas durante la represión a las protestas ciudadanas que estallaron el 18 de abril pasado.
En entrevista con LA PRENSA este jueves por la tarde, Amador dijo que dependerá “del curso de las investigaciones” que la comisión considere citar a Ortega y a Murillo para que respondan si dieron la orden a la Policía Nacional de reprimir las manifestaciones pacíficas.
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“No me consta de que fue el presidente Ortega el que mandó a matar a toda esa gente”, respondió Amador.
El Movimiento universitario 19 de Abril, organismos de la sociedad civil, así como las familias de los asesinados, heridos y detenidos ilegalmente, responsabilizan directamente a Ortega de esos crímenes, dado que es por ley el jefe supremo de la Policía.
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Amador “espera” que Ortega le responda la carta que le enviaron, en la que solicitan invitar a la CIDH a colaborar en la investigación.
Sin efecto legal
Cairo Amador explicó en la entrevista con LA PRENSA que el informe final sobre la masacre no tendrá efecto legal sobre los responsables. Se le entregará a la Asamblea que decidirá qué hacer luego. Además de él, la comisión la integran: Adolfo Jarquín, Mirna Cunningham, Jaime López Lowery y el sacerdote Francisco Uriel Molina Oliú.
Los cinco integrantes de la “Comisión Porras” brindaron ayer por la mañana la primera conferencia de prensa luego de cinco días de haberse conformado. Amador dijo que se invitó a todos los medios de comunicación, incluida LA PRENSA lo cual no es cierto ya que no se recibió invitación formal escrita, electrónica ni telefónicamente.
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En esa conferencia, la “Comisión Porras” informó que mandaron carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) así como a la Comisión de Derechos Humanos de Europa para que les brinden “asesoría técnica y jurídica” en la investigación, que según dijeron no se limitará a la represión gubernamental contra las manifestaciones ciudadanas que han dejado 43 muertos, sino que también apunta al movimiento estudiantil que lidera las protestas.