Los acontecimientos del mes de abril en Nicaragua han conmocionado la conciencia nacional y producido los sentimientos de indignación y dolor que han marcado el corazón del pueblo nicaragüense.
Nicaragua está indignada ante la brutal agresión sufrida principalmente por los jóvenes estudiantes universitarios, con la cual el poder ha repelido las manifestaciones cívicas y pacíficas, violentando los Derechos Humanos y las garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política.
Junto a la indignación, el dolor es el sentimiento dominante al ver tantas vidas truncadas en plena juventud y el inmenso sufrimiento de sus familias, que cubre de luto la bandera de la patria.
En medio de la indignación y el dolor, y ante la propuesta de un Diálogo Nacional, esta fue aceptada entre dudas e incertidumbre y a partir del establecimiento de ciertas condiciones que impidieran la fabricación de una táctica dilatoria de parte del poder, con el propósito de bajar la presión y diluir las responsabilidades.
La participación de la Conferencia Episcopal como mediador y testigo, lo mismo que la afirmación que el diálogo parte de la base de la investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables de la masacre, y que tiene por objetivo la democratización y, en consecuencia, el cambio de raíz del sistema político, considero que fueron factores que permitieron llegar al acuerdo de su realización, a pesar de que, al momento de escribir este artículo, aún no se ha instalado, y ni el Gobierno ni la organización estudiantil han designado a sus delegados y propuesto una agenda temática para su discusión. La Conferencia Episcopal solicitó a la organización estudiantil la acreditación de sus respectivos representantes en el diálogo.
Independientemente que el diálogo se realice o no, que logre sus objetivos o fracase, en medio de la incertidumbre y las dudas, queda claro, sin embargo, que su objetivo esencial es la justicia y la democratización verdadera que conlleva el cambio de raíz del sistema político, lo que para unos significa la reforma integral del sistema, el cambio total de la estructura electoral, el adelanto de las elecciones, el establecimiento de garantías suficientes para la realización de elecciones libres y transparentes, y para otros, además de lo anterior, lo más importante lo constituye el retiro del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, de sus respectivos cargos y funciones.
Más allá de los alcances políticos específicos, queda claro que el diálogo tiende a la concertación de algunos puntos fundamentales, lo que implica una discusión y un análisis de fondo, que sustenten adecuadamente los objetivos que logren alcanzar, sin que esto restrinja el derecho de manifestación cívica y pacífica, y el respeto que la Policía, la Juventud Sandinista, y otras fuerzas de choque del Gobierno deben observar frente las demandas cívicas y pacíficas de la población.
Lo que resulte del diálogo, La Nicaragua Posible la hemos llamado en otros momentos, debe ser el fruto de esa concertación, una forma de conducta política, de conducir la política y lo político, con miras a la construcción de una sociedad estable y plenamente libre. Además de ser un instrumento necesario para dar respuesta a los problemas concretos y apremiantes que gravitan sobre nuestro pueblo.
Un verdadero diálogo y una verdadera concertación, que no sean pactos de cúpula ni arreglos a escondidas, sería un salto cualitativo sobre las dos expresiones dominantes de la política criolla: la confrontación y la confabulación. En ese sentido la presencia de la Conferencia Episcopal es una garantía moral que da confianza a la realización adecuada de este proceso.
Se dialoga y concerta, no para tratar de imponer en forma total y sin otra opción, los intereses personales o de grupo, ni para disolver en las fuerzas políticas dominantes la identidad del adversario, sino para tratar de encontrar un plano de coincidencias mínimas de las diferencias, un punto de convergencia de las contradicciones, en el que se reafirmen los valores éticos, jurídicos y políticos, necesarios para una auténtica democratización.
Pero sobre todo el diálogo y la concertación tienen sentido cuando están orientados a garantizar los derechos fundamentales de las personas, sobre quienes van a recaer las consecuencias de los acuerdos que se adopten o las rupturas que imposibiliten la continuación del diálogo.
El diálogo y la concertación buscan evitar que el poder adopte medidas unilaterales y decisiones que solo responden a sus intereses y ambiciones, sin tener en consideración, los problemas, angustias y esperanzas del pueblo, sin tomar en cuenta sus verdaderas necesidades ni el respeto a sus libertades fundamentales. Esa actitud de desconocimiento de los derechos, valores y principios de la población, conlleva en forma inevitable a la inestabilidad, el desequilibrio y la confrontación.
El diálogo, con todos los riesgos que conlleva, es una oportunidad excepcional para tratar de obtener, no solo las reivindicaciones de los derechos violentados por el poder, no solo el respeto a las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y desconocidas por el Gobierno, sino además la oportunidad de forjar la unidad de la sociedad nicaragüense fragmentada por múltiples circunstancias e intereses.
En esta ocasión, es la juventud la que ha abierto las puertas de la esperanza para la construcción de una sociedad unida e identificada en valores y principios comunes. Son los jóvenes, los que con su valentía y decisión han creado posibilidades que solo hace unas semanas no existían.
La fragmentación es el problema principal de la sociedad nicaragüense, consecuencia de la ausencia de un conjunto de valores comunes que unan por encima de los diferentes factores que separan. Ese común denominador, ese plano de coincidencias mínimas, ha reaparecido en la vida de la sociedad nicaragüense, gracias a la lección de valor e hidalguía que ha dado la juventud.
La nación, sin llegar a proponer una idea beatífica de armonía irreal y por lo mismo irrealizable, es, en cambio, la posibilidad concreta de integrar políticas que busquen una realización equilibrada de los intereses de grupos, referidos a objetivos comunes que hagan posible la conciliación de intereses diferentes y la satisfacción de expectativas y necesidades de todos.
La sociedad nicaragüense se está uniendo en el reclamo de esos derechos fundamentales violentados por la brutal represión en contra de los manifestantes; en el dolor por los mártires de esta situación; en la solidaridad con las familias víctimas del sufrimiento producido por la agresión; en la indignación por la masacre; en la exigencia del castigo para los responsables del genocidio.
Pero también junto a todos esos factores dramáticos que han convulsionado la vida de la sociedad nicaragüense, ha surgido como objetivo y finalidad esencial, la democratización del país, la institucionalidad y el Estado de Derecho, el fin de la autocracia y del ejercicio irrestricto del poder, la reafirmación de la libertad, la justicia y la paz, lo que exige, como se ha dicho, una transformación radical del sistema político.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.