Cuando a partir del 2007 Ortega inició su proceso de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, de diferentes sectores de nuestra sociedad se levantaron voces sensatas pidiendo un diálogo nacional, a fin de enderezar el rumbo equivocado por el que estaba siendo conducido el país.
En su comunicado del 16 de noviembre de 2011, la respetable Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) nos exhortaba a no perder la esperanza de edificar una sociedad mejor para todos “construida a partir del diálogo entre todos los sectores de la nación y fundada en el Estado de Derecho, la legalidad, la solidez institucional y caracterizada por un desarrollo socioeconómico sostenible del que puedan gozar todos los ciudadanos”.
Posteriormente, en la carta que personalmente entregaron a Ortega el 21 de mayo de 2014, los señores Obispos le propusieron la convocatoria de un Diálogo Nacional que genere “un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país y aborde los grandes problemas de la población”. Ortega nunca respondió a las exhortaciones de los señores Obispos.
No es extraño, entonces, que la Conferencia Episcopal, asumiendo los riesgos que conlleva, haya aceptado la invitación del Gobierno de prestar sus buenos oficios como mediadores y testigos de un diálogo nacional para encontrar la manera civilizada de salir de la gravísima crisis en que se encuentra sumido el país, provocada por la soberbia de Ortega y la feroz represión que desató contra quienes protestaban por su inconsulta e inhumana reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La sociedad nicaragüense, especialmente su sector juvenil y universitario, ha pagado un gran costo por ejercer derechos garantizados por nuestra Constitución Política, como son los de expresarse, manifestarse y protestar pacíficamente.
Es hora que, por medio del diálogo nacional, por la vía cívica, encontremos el camino para una rápida transición a la democracia. Justicia y renuncia de la pareja presidencial es el clamor nacional dominante en las recientes marchas multitudinarias.
Para que el diálogo se inicie se requiere que el Gobierno cumpla con el compromiso que adquirió con la CEN de suspender la represión, en todas sus formas, y permitir que el pueblo se manifieste con libertad y seguridad. Los más recientes actos de violencia de la policía y las fuerzas de choque afines al Gobierno, en Catarina, Niquinohomo y la Upoli, demuestran que este compromiso no se está respetando.
El Diálogo requiere buena fe y voluntad política de cumplir lo que se acuerde. No abona al diálogo la continuidad de la represión ni la actitud del Gobierno de arrogarse la facultad de vetar al doctor Ernesto Medina Sandino como participante en el diálogo. El rector Medina cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad civil y empresarial.
Celebramos que el gobierno haya accedido permitir la llegada de una misión de la CIDH para que investigue todas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas después del 18 de abril pasado. Pero eso no es suficiente.
Ortega dijo, después de anunciar la revocación de las reformas del INSS, que la “mesa para el diálogo estaba ahora limpia”. No es cierto. Está manchada de sangre. Por eso se requiere investigar quiénes han sido los autores intelectuales y materiales de tanto derramamiento de sangre, que incluye la muerte de 25 estudiantes, seis veces más que los muertos en la masacre del 23 de julio de 1959, cuando guardias de Somoza asesinaron a cuatro estudiantes en León.
El autor es jurista y catedrático.