En defensa de la vida

El gobernante que conserva la mentalidad de que la masacre es un derecho del monarca, carece de legitimidad para continuar gobernando y no puede aceptar el pueblo que continúe en su cargo

Como afirmara el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la investigación adecuada de las ejecuciones arbitrarias constituye parte integral de la protección al derecho a la vida, pensamiento que va en la línea de la doctrina sobre los Derechos Humanos que sostiene que tal derecho es el lógico prerrequisito para el goce de los demás Derechos Humanos.

Las palabras del Alto Comisionado nos hacen reflexionar sobre por qué la gran mayoría de las fuerzas sociales, económicas y políticas coinciden en que los temas fundamentales del diálogo deben de ser la aplicación de la justicia y la democratización del país mediante el adelanto de las elecciones nacionales y ciertamente carecería de sentido discutir en el diálogo sobre otros derechos si no está garantizado el derecho fundamental que es el derecho a vivir.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece con claridad que la protección de la vida conlleva la obligación de los Estados de juzgar y castigar a los responsables de crímenes como los ocurridos en los últimos días, en especial cuando las violaciones al derecho a la vida son producto de ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes bajo las órdenes de las más altas autoridades del Estado, únicamente la estricta aplicación de la ley puede evitar que los autores de los crímenes reincidan.

Los nicaragüenses hemos comprendido que con impunidad y con la permanencia en el poder de quienes han masacrado a sus ciudadanos, nadie puede estar seguro y que el derecho a la vida se vuelve irreal o inexistente.

Solamente con investigaciones rápidas, eficaces y exhaustivas, así como independientes, imparciales y transparentes como las que pudiera efectuar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se podría acceder a la justicia.

Por otro lado, la permanencia en el poder de un grupo que ha demostrado ser capaz de cometer horrendos crímenes sin sentir miedo o compasión por las víctimas ha contribuido al consenso nacional de que solamente un nuevo gobierno puede garantizar que situaciones como las vividas no se repitan, es ampliamente conocido que sin instituciones fuertes e independientes no se puede sancionar a los gobernantes la única sanción posible es su retiro del poder.

El gobernante que conserva la mentalidad de que la masacre es un derecho del monarca, carece de legitimidad para continuar gobernando y no puede aceptar el pueblo que continúe en su cargo.

Justicia y cambio de gobierno son ahora para los nicaragüenses un requisito irrenunciable para defender su propia vida y el futuro mismo de la nación, son dos aspectos de un mismo derecho: el derecho a la defensa de sus vidas.

Más adelante los expertos tendrán tiempo de analizar la conducta de los gobernantes y sus agentes comparándola con la lista revisada de chequeo de psicopatía y discutir o teorizar sobre los rasgos de los mismos pero hoy la experiencia histórica y la sabiduría popular han alimentado el consenso de que quienes no tienen remordimiento ni sentimientos de culpabilidad y por ende su insensibilidad los hace incapaces para pedir perdón, no pueden garantizar al pueblo el derecho a vivir y a organizarse en una sociedad libre, democrática, respetuosa de todos sus integrantes.

Podría incluso consensuarse un aterrizaje suave pero con carácter de urgencia, todo intento de abrir en el diálogo mesas sectoriales es perder el sentido de necesidad y de premura que la continuidad de la vida y su defensa requieren; tranquiliza el hecho de que nuestros Obispos y la mayor parte de los propuestos al diálogo están claros de las prioridades nacionales.
El autor es abogado.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: