En un intento por desestimar la crisis sociopolítica que enfrenta el país —que en los últimos 29 días ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos— para imponer una agenda económica, el Gobierno quiso presentar ayer una propuesta de reforma que resolvería la crisis financiera que enfrenta la seguridad social. Intención que fue rechazada por el resto de sectores presentes en el acto.
Rompiendo el protocolo establecido por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para el acto de instalación del diálogo nacional, una vez concluida la ceremonia y anunciado el orden de salida de los asistentes, el asesor para asuntos económicos de la presidencia, Bayardo Arce, arrebató la palabra y tras asegurar que el panorama del país ha cambiado para “peor”, intentó presentar una propuesta de reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
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“Hemos estado durante este tiempo con un panorama que desafortunadamente nos ha cambiado para peor. Si nosotros habíamos calculado un ingreso en el Seguro Social con un número de empleados, ese cálculo económico obviamente se ha caído porque ahora…”, dijo Arce antes de ser interrumpido por el obispo Rolando Álvarez quien le pidió que por el bien de todos se abstuviera de presentar la propuesta.
Entre los gritos de Arce que insistía en presentar la propuesta, monseñor Álvarez le decía: “Como miembro de la Comisión de Mediación y Testigo le solicito que por el bien del diálogo y todos los aquí presentes podamos posibilitar como dijo el padre Martín (maestro de ceremonia) la salida tal y como se indicó”, repetía Álvarez a la vez que invitaba al presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a abandonar el salón del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde se realizó el acto.
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Arce insistía
Sin ocultar su contrariedad, Arce insistía en presentar la propuesta, pero ante el rechazo de los distintos sectores representados en el diálogo se limitó a preguntar una y otra vez: “¿No quieren propuestas de solución?, yo quiero presentar una propuesta de solución ante la prensa internacional”.
Mientras tanto, monseñor Álvarez le recordaba que ya se le había indicado a todos los participantes el mecanismo para presentar sus “puntos de agenda” para la próxima sesión de trabajo que se realizará el viernes.
Ante el rechazo generalizado, a Arce no le quedó más que decir “la vamos a mandar escrita y esperamos también recibir las propuestas escritas (de los otros sectores)”, mientras el obispo Álvarez le agradecía e invitaba a retirarse.
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Los representantes del sector privado presentes en el acto calificaron dicha acción como un intento del Gobierno para centrar el diálogo en temas económicos. Ellos insisten en que los problemas que enfrenta el país son políticos por lo deben ser priorizados en el diálogo, ya que solo cuando estos sean resueltos cesarán los daños que la economía enfrenta como consecuencia de la ola de protestas, que surgió a raíz que se anunció una reforma al INSS, aprobada únicamente por el Gobierno. Aunque esta luego fue derogada, los muertos y heridos que dejó la represión a las protestas provocó que ahora la prioridad sea reclamar justicia y cambio de autoridades.
Crisis del INSS se había anunciado en 2006
Cuando el Frente Sandinista retomó el poder en el 2007 los ingresos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) eran de 5,681.8 millones de córdobas, según los informes del Banco Central.
Con ello cubría los gastos operativos que en aquel momento ascendían a 3,979.2 millones de córdobas y le sobraban 1,702.7 millones de córdobas que podían ser invertidos en activos o trasladarlos a las reservas técnicas
No obstante, según resultados de un análisis actuarial presentado en 2006 por el entonces presidente Enrique Bolaños, se sabía que por la estructura del mercado y los salarios precarios, los superávits se convertirían en déficits alrededor de 2014, y que las reservas de efectivo se habrían agotado en algún año posterior a 2019.
Pero fue hasta en 2013, cuando por primera vez el INSS cayó en déficit, que el gobierno sandinista comenzó a buscar soluciones y aprobó una reforma que no dio los resultados esperados. Y el año pasado, por quinto año consecutivo, la entidad ha seguido acumulando déficits.