El hallazgo del cuerpo de Javier Alexander Munguía en las gavetas de la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML), después de diez días de desaparecido, se convirtió en el primer caso que verificó la delegación de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH). Hasta ahora se conoce que la represión del Gobierno ha dejado varias decenas de muertos.
LA PRENSA ha verificado con este caso 57 crímenes, causados por la represión gubernamental desde abril a la fecha. Se desconoce cuánto es el total de los desaparecidos y lesionados.
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Desde hace diez días, Margarita Mendoza había buscado a su hijo en hospitales y delegaciones de la Policía Nacional, donde recibió como respuesta que no estaba detenido. A eso de las 7:00 a.m. de este viernes, Mendoza recibió una fatídica llamada telefónica a través de la cual le indicaban que se presentara a reconocer un cuerpo con los datos de identidad de su hijo.
IML le da trágica noticia y argumentos increíbles
La llamada procedía del Instituto de Medicina Legal, donde días antes Mendoza había recibido la negativa de que en las gavetas de la morgue estuviese el cuerpo de su hijo, por lo que ella había pegado la fotografía del muchacho en las paredes de ese edificio.
Y lo más contradictorio para la familia fue que aún después que le habían negado que el cuerpo hubiese llegado a la morgue del IML, ayer le comunicaron que el cuerpo ha estado allí desde el 8 de mayo. Es más, le indicaron que su deceso fue por “muerte natural” y que el cuerpo fue hallado en una casa de Los Robles, donde aparentemente lo asocian a un robo y de donde lo trasladaron a esas instalaciones.
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Debido a las condiciones emocionales en que se encontraba Mendoza, no precisó muy bien cómo fue que se enteró de esta situación, pero los familiares alegaron que el muchacho no estaba en la protesta. Después de corroborar la muerte de su hijo —que, según varios familiares, tenía aparentes signos de tortura y que, de acuerdo con su madre, “su rostro estaba irreconocible”—, la progenitora indicó que las autoridades alegan “que se cayó, que se golpeó y le dio un infarto”.
CIDH se trasladó al IML
Mendoza fue a denunciar el caso ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que de inmediato se trasladó al IML con la familia de la víctima.
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La abogada Karla Martínez, de la Unión Nacional de Abogados de Nicaragua (Unanic), estuvo presente cuando el grupo de la CIDH encabezado por el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanzas, entró a la morgue junto con la madre de la víctima y observó algunos “hechos contradictorios” sobre las explicaciones que le proporcionó el médico forense a los familiares.
Según Martínez, la delegación de la CIDH consultó al forense “si no tenían un protocolo de ingreso de cadáveres, entonces el doctor le dijo que sí, entonces (preguntaron) ¿por qué no estaba reportado y por qué si le encontraron al cadáver la cédula y una circulación, no informaron?”.
La respuesta del especialista fue que “el médico que lo revisó (el cuerpo) hasta hoy miró una fotografía que la mamá vino a poner aquí en Medicina Legal y por eso es que lo reconocieron y llamaron hoy a la mamá”.
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Ante la desaparición de su hijo, todavía hace tres días, Mendoza recurrió ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y con ayuda de Unanic presentó un recurso de exhibición personal —el que retiraría este viernes en los tribunales— para que un juez de ejecución exigiera a las autoridades policiales de El Chipote información sobre el paradero de Munguía. A Mendoza las autoridades policiales siempre le negaron la detención del muchacho.
Detenidos dijeron que lo torturaron
“Nosotros fuimos testigos al escuchar a los detenidos cuando salían (que le decían) ‘sí madre allí está su hijo, está golpeado, está golpeado en la pierna, está golpeado, su clavícula se la desgajaron, lo están pasando de una celda a otra celda’, entonces con todas esas contradicciones”, fue que decidieron recurrir a la CIDH, dijo Martínez.
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Varios de los parientes explicaron además que cuando los presos confirmaban a la madre que su hijo estaba en esas celdas, lo corroboraban con un tatuaje que este llevaba en una de las piernas: una cruz, un salmo y el nombre Carlos, en memoria de un tío fallecido.
“Que paguen los que son culpables”
Donald Mendoza, abuelo de la víctima, cuestionó que las autoridades aseguren que su nieto falleció desde el pasado 8 de mayo, cuando “varios reos políticos que salieron de El Chipote” lo reconocieron como uno de los detenidos que permanecían en esa celdas, cuando su hija Margarita Mendoza les mostró la foto del joven.
“Ahora resulta que está muerto (…) yo lo que pido es que se haga justicia y que paguen los que son culpables” , demandó el abuelo.
“Ahora inventan y lo acusan de robo, hasta dicen que una foto de una pistola está allí y eso nadie se lo cree, es un teatro que montan ahora que está la comisión aquí, ellos quieren limpiarse las manos y culpar a todos por el crimen que ellos mismos cometieron”, insistió el abuelo de la víctima.
Madres de las víctimas desfilan ante la CIDH
El Movimiento Madres de Abril acompañó a madres de fallecidos víctimas de la represión desde abril a la fecha que denunciaron los hechos ante la delegación de la CIDH en Nicaragua.
Entre ellas está Cela Nereida Urbina Membreño, madre de Jeisson Chavarría, de 24 años, asesinado el 21 de abril en Ticuantepe.
Ivania Zamora, tía de Jesner Josué Rivas, que junto a la madre del menor Jessica Patricia Rivas fueron parte de los familiares de las víctimas que se reunieron ayer con la CIDH, señaló que fue la Policía que le quitó la vida, “cuando la Policía está para guardar la vida de las personas, no están para asesinar al pueblo”.
Además de las víctimas y la sociedad civil, la CIDH escucharía este viernes a representantes del Estado. La representación de la CIDH está integrada entre comisionados, relatores y otros asistentes. En total 14 personas. En su comunicado se refiere a una investigación “preliminar” porque, según un funcionario de esa delegación, podrían repetir la visita, dado que en esta ocasión solo fueron pactados con el Gobierno cuatro días.
LA PRENSA/C. VALLE