Organizaciones denuncian amenazas del gobierno ante la CIDH

Las organizaciones de la sociedad civil aclararon que la actitud que el gobierno ha tenido con ellos en los últimos 30 días, ha sido igual desde 2007

Los afectados por la represión a las protestas ciudadanas hacen largas filas en el hotel Inter de Metrocentro para interponer sus denuncias ante la delegación de la CIDH. LA PRENSA/ U. MOLINA

Los afectados por la represión a las protestas ciudadanas hacen largas filas en el hotel Inter de Metrocentro para interponer sus denuncias ante la delegación de la CIDH. LA PRENSA/ U. MOLINA

La Plataforma de Organismos no gubernamentales y Movimientos Sociales de Nicaragua, que representa a más de 100 organizaciones en el país, denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las agresiones, intimidaciones y amenazas de las que han sido víctimas por parte del gobierno durante los 11 años de mandato del presidente designado Daniel Ortega.

Guillermo Íncer, representante de la Plataforma, resaltó que muchas de las formas de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses «no se han hecho públicas por temor a represalia» de parte del régimen de Ortega.

Las organizaciones de la sociedad civil aclararon que la actitud que el gobierno ha tenido con ellos en los último mes, ha sido igual desde 2007 que Ortega asumió el gobierno. Además, expusieron que han sido víctimas de amenazas de muertes, amenazas de daño a la propiedad y hasta campañas de desprestigio «donde se nos acusa de ser manipuladores de la población, agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o lavadores de dinero», afirmó Íncer.

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Estas organizaciones además hicieron énfasis en que la CIDH tome nota de las denuncias, pues temen que el gobierno tome medidas en su contra después de acudir a la Corte Interamericana.

«Nos sentimos amenazadas e intimidadas por las políticas de represión e intimidación de las que hemos sido víctimas. No nos sentimos en la libertad de actuar sin temor a represalias, tememos por nuestras vidas y la integridad física y legal de nuestras organizaciones», concluyó Guillermo Íncer.

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