CIDH hace 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua al concluir su visita preliminar de cuatro días

Investigación preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la represión gubernamental en contra de las manifestaciones de abril a la fecha en Nicaragua ya cobró 76 vidas.

Miembros de la delegación de la CIDH en Nicaragua, Paulo Abrau, secretario ejecutivo de la CIDH, Antonia Urrejola, relatora de país, comisionado Joel Hernández y Edison Lanzas, relator para la libertad de expresión. LA PRENSA/E. ROMERO

Quince recomendaciones hizo la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno en representación del Estado de Nicaragua  en el informe sobre la visita preliminar de cuatro días que realizó en el país y entre las que reitera su demanda del cese a la represión gubernamental contra los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas que ya han cobrado 76 vidas. 

Sobre la cifra de muertes que ha cobrado la represión gubernamental a las manifestaciones de abril a la fecha, «esta es una cifra que ha sido proporcionada por las propias autoridades nicaragüenses», explicó el comisionado Joel Hernández, ante la pregunta de periodistas.

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En una conferencia ofrecida la mañana de este lunes en la que comparecieron la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, quien leyó  el informe junto al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, el comisionado Hernández y el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanzas, en su informe la delegación de la CIDH ha solicitado al Estado respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Igualmente que el Gobierno en representación del Estado de Nicaragua establezca un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, así como que hayan garantías efectivas para proteger a las personas que les brindaron testimonio  o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de actuar con represalias en contra de ellas.

Otra de las recomendaciones de la CIDH fue que sean adoptadas medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas, al tiempo que la ejecución de los operativos de seguridad contra manifestaciones sean conforme a protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La CIDH aconseja que sean desmantelados «los grupos parapoliciales» y sean adoptadas medidas «para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil».

 

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Igualmente demandan «garantías al respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión».

La Comisión también exhorta a las autoridades estatales abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o de utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como  proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.

Otro de los planteamientos efectuados por la CIDH al Estado de Nicaragua fue sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales, que sean investigadas las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos, a su vez que el Estado ratifique todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes,  en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

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La CIDH recomendó también que el Estado ofrezca las  facilidades  para la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional, igualmente que asuma el compromiso  de establecer  un mecanismo de seguimiento  que junto a la CIDH  verifique la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.

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