Los empresarios y la transición democrática

Aunque en la grave crisis nacional intervienen multiplicidad de aspectos, es necesario focalizarse en el problema central: la reconstrucción.

Aunque en la grave crisis nacional intervienen multiplicidad de aspectos, es necesario —como acertadamente ya han insistido muchos— focalizarse en el problema central: la reconstrucción de la institucionalidad democrática en el menor tiempo posible.

Ese es el objetivo fundamental. Del logro de ese objetivo también depende que se haga justicia. No podrá haber justicia para los mártires si no hay transición democrática. Ni el sistema judicial partidarizado, ni la Policía “Nacional”, ni la “Comisión de la Verdad” harán jamás justicia. Quienes dieron las órdenes “desde arriba” son los mismos que concentran de facto todos los poderes del Estado. Sin democracia no habrá justicia, ni habrá desarrollo ni se resolverán los graves problemas económicos, sociales y ambientales que enfrenta el país. Los grandes empresarios deberán decidir si apoyan o no la transición a la democracia.

El apoyo del sector privado es fundamental. Como alguien dijera: “Solo el poder detiene al poder”. Como no existe independencia de los poderes del Estado corresponde a los poderes fácticos, sobre todo al gran capital, apoyar decididamente la inevitable transición a la democracia. Los grandes capitales representados en el Cosep incurrirían en un gravísimo error si suponen que conviene a sus intereses que Ortega y su esposa permanezcan hasta finalizar su período presidencial de dudosa legalidad. Ello solo agravaría los costos económicos y financieros de la crisis y los costos para sus empresas.

El riesgo país ya aumentó y mientras más tiempo permanezca en el poder la familia Ortega Murillo mayor será el riesgo país y también los costos económicos para grandes, medianos y pequeños empresarios. El valor económico de las empresas ya disminuyó. Al haber aumentado el riesgo país automáticamente disminuyó el valor presente de los flujos de efectivo futuros de las empresas. Las empresas hoy tienen menor valor que antes de la masacre de abril. Y mientras más se prolongue la dictadura mayor serán los costos económicos. Lo único que minimizaría esos costos es una transición pacífica y ordenada a la democracia en el menor tiempo posible. Ningún empresario conservaría a un gerente que está quebrando su empresa. No esperarían tres años y medio para despedirlo. Los gobernantes además de haber evidenciado total incapacidad de gobernar con mesura, son dos personas de la tercera edad obsesionados con el poder aún a costa de la sangre de la juventud. Pero quiérase o no el relevo generacional es inevitable. Es el momento de hacerlo.

El actual gobierno no tiene ninguna capacidad de resolver ni la crisis del INSS ni de realizar una necesaria reforma fiscal. La razón es simple: no tiene ni el capital político ni la legitimidad necesaria para implementar políticas de ajuste. Un nuevo intento de trasladar los costos de la corrupción a los empresarios, pensionados y trabajadores sería desastroso. Solo un nuevo gobierno con legitimidad y caudal político puede llegar a un consenso con los diferentes sectores sobre estos temas. De no resolverse primero el problema institucional no podrá resolverse la crisis del INSS ni hacerse una reforma fiscal. Habrá un derrumbe económico. Se afectará la inversión extranjera y se producirá fuga de capitales. De alargarse la necesaria transición política la crisis económica será grave.

Algunos empresarios consideran que el apoyo que el Cosep dio en 1978- 1979 para derrotar al somocismo fue un error histórico que no quieren repetir con el nuevo somocismo. Se equivocan. Después de la derrota de los Somoza, la tragedia de la década del ochenta surgió por la ideología marxista que el FSLN tuvo en aquel entonces. Ello metió a Nicaragua dentro del conflicto ideológico político mundial de esa época —la guerra fría o conflicto Este-Oeste—. Esa ideología ya no existe en Nicaragua.

Desde 1990 nadie habla de cambiar la economía de mercado. Hoy no se requiere de la triple transición —del estatismo a la economía de mercado, de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia— que tuvo que realizar doña Violeta. Lo que está pendiente es la transición a la democracia. Las circunstancias de hoy son diferentes. Los jóvenes de hoy lo que demandan es justicia y democracia. Y solo la democracia podrá traer la estabilidad que el país requiere. En ello coinciden con la Iglesia católica y la inmensa mayoría de la población. La insurrección de hoy es cívica, no armada. Pero es masiva. La dictadura solo podrá sobrevivir con más represión, lo que irremediablemente hundiría al país. Para los grandes empresarios es la hora de las decisiones históricas.
El autor es doctor en economía.